La creciente precarización del mercado de trabajo argentino profundiza el desfinanciamiento de la seguridad social. De acuerdo con un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la caída en la cantidad de aportantes representa un impacto negativo de $3,3 billones anuales para el régimen previsional, cifra que equivale al 5,3% de lo recaudado habitualmente por aportes y contribuciones.
Las estadísticas oficiales reflejan este retroceso de forma nítida. Según los registros de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos por el Indec, el porcentaje de ocupados que destina fondos a su jubilación cayó al 45,2% en el primer trimestre de este año, luego de haberse situado entre el 47,3% y el 48,4% a lo largo de 2023. En la actualidad, el 54,5% de la fuerza laboral activa se encuentra fuera del esquema contributivo formal.
El cálculo elaborado por el CEPA detalla que la merma se compone de $2 billones provenientes de cargas patronales y $1,3 billones correspondientes a deducciones salariales. El bache financiero mensual promedia los $277.780 millones, con un pico de $454.093 millones alcanzado en julio a raíz del cobro del medio aguinaldo. Desde la entidad técnica precisaron que se trata de una estimación máxima teórica, basada en el supuesto de que los trabajadores no registrados percibirían sueldos equivalentes a los del sector formal.
En paralelo, un análisis del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió sobre la composición de las erogaciones estatales tras los ajustes del actual Gobierno. Al medirse en proporción al Producto Bruto Interno (PBI), el gasto público no vinculado a los adultos mayores se encuentra apenas 5% por encima del promedio de los años 80, mientras que las partidas destinadas a la vejez crecieron un 73% respecto de esa década.
La problemática de financiamiento ubica a la Argentina en una posición rezagada a nivel internacional. Un informe comparativo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que apenas el 46,3% de la población económicamente activa contribuye al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), porcentaje que trepa al 58% al incluir regímenes provinciales y profesionales. El guarismo local supera al de México (42,5%), pero queda muy por detrás de Brasil (60,9%), Canadá (86,1%), España (87,5%) y Suecia (91,5%).
La OPC atribuye esta brecha a que el 43% de los ocupados en el país se desempeña en la informalidad, un fenómeno casi inexistente en las naciones desarrolladas evaluadas. A esto se añade la baja recaudación de los esquemas independientes: en el régimen de monotributo, la cuota jubilatoria promedio representa solo el 3,65% de los ingresos, en contraste con las retenciones de entre el 21,77% y el 23,35% aplicadas sobre las remuneraciones brutas de los asalariados.
Este escenario debilita el equilibrio fiscal previsional. Aunque la recaudación muestra un leve superávit del 0,03% del PBI gracias al auxilio de tributos específicos vinculados al consumo y transacciones bancarias, el balance estrictamente contributivo arroja un déficit del 0,72% del producto. Para balancear las cuentas sin depender de otros impuestos, la tasa de aporte sobre el sueldo debería elevarse del 22,2% vigente a un 46,1%.
El panorama futuro anticipa mayores tensiones debido al envejecimiento demográfico proyectado por los especialistas. La OPC alertó que la proporción de adultos mayores de 65 años pasará de las 18,8 personas actuales a un rango de entre 30 y 32 por cada 100 individuos en edad de trabajar hacia 2050, lo que exigirá reformas de fondo en un esquema previsional con dificultades estructurales para sostenerse.
