Millones de litros de agua con cianuro, cinco ríos contaminados y miles de habitantes de San Juan con miedo. Sucedió hace una década, tuvo como protagonistas a la empresa Barrick Gold y los gobiernos de San Juan y Nacional. Aún no hubo condenas y mucho tuvo que ver la jueza federal María Romilda Servini, que dejó prescribir la causa. La Asamblea Jáchal No Se Toca sostiene el pedido de justicia y mantiene la organización por la defensa del agua y la vida.
Era la noche del 13 de septiembre de 2015 cuando un mensaje de WhatsApp comenzó a multiplicarse en los teléfonos celulares de los vecinos de Jáchal, en el norte de San Juan. Sin preámbulos, informaba “un derrame de 15.000 litros de cianuro y mercurio” de la mina Veladero “directamente al río”. Luego, afirmaba que “los empleados de la mina no pueden decir nada” y que el gobernador José Luis Gioja (Frente para la Victoria) y la Policía Minera ya tenían conocimiento. El mensaje predecía que “seguramente la población será la última en enterarse” y recomendaba, todo en mayúsculas, no utilizar agua de la canilla.
Después, se sabría que fueron mucho más que 15.000 los litros derramados y que el hecho había ocurrido un día antes: el 12 de septiembre de 2015. La propia empresa Veladero, de las multinacionales Barrick Gold (Canadá) y Shandong Gold (China), termino por reconocer el derrame de 1.072.000 litros de solución cianurada, pero un informe firmado por empleados de la propia empresa consigna el vertido de 4.680 metros cúbicos, es decir, 4.680.000 litros de solución con cianuro y mercurio. Como consecuencia, cinco ríos resultaron contaminados: Potrerillos, Jáchal, Blanco, La Palca y Las Taguas, y el dique Cuesta del Viento. Se trató del mayor derrame de efluentes mineros conocido en la historia argentina.
Una década después, el hecho sigue impune. Casi siete años pasaron desde que un juez federal elevó a juicio dos causas que involucran a seis funcionarios nacionales. La jueza a cargo, María Servini, nunca fijó fecha para las audiencias, pero sí tuvo tiempo para declarar prescrito el hecho. Hoy, las causas aguardan en otro despacho que se resuelva la apelación. A nivel provincial, otra causa fue dormida y dejó sin comprobación la inocencia o culpabilidad de ocho empleados de la minera. Ni funcionarios provinciales ni autoridades de Barrick Gold quedaron ligados a ninguna causa.
Dos juicios en suspenso y siete años de espera
En octubre de 2018, el juez Sebastián Casanello, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, elevo a juicio la causa Nº10.049/15 que tiene como imputados a Sergio Lorusso (secretario de Ambiente de la Nación al momento del hecho), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería de la Nación). Todos deberán responder por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en una de las dos causas federales por el derrame.
Meses antes, en junio de 2018, el mismo juez había elevado a juicio la causa N°16.156/16, que tiene como imputados a Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso (ex secretarios de Ambiente de la Nación) y Ricardo Villalba (ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales -Ianigla-), por abuso de autoridad al incumplir la Ley Nacional de Glaciares y la Ley General del Ambiente.
Casi siete años después de las elevaciones a juicio, el 30 de mayo de este año, la jueza María Servini, al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1, declaró la prescripción de las causas y el consecuente sobreseimiento de los imputados.
La noticia cayó como un mazazo, porque “todo estaba listo para ese juicio, que tenía que llevar adelante la jueza María Servini, y que ella misma venía dilatando, a partir de aceptar o, al menos, no promover el juicio oral, por distintos recursos de los imputados”, señala el abogado Enrique Viale, que representa a la Asamblea Jáchal No Se Toca, constituida en querellante. Sin tibiezas, Viale afirma que la jueza “declara la prescripción de la causa por su propia torpeza”.
En un comunicado, la Asamblea de Jáchal denuncia que detrás de la decisión de Servini está la mano del “lobby de la Barrick Gold, a quien este juicio le molesta mucho porque ahí se ventilarán las ilegalidades que comete la mina Veladero”.
Ante la resolución de Servini, la querella apeló ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal para revertir la medida y sentar en el banquillo a los acusados. Ahora, son los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Alejandro Slokar quienes deben decidir si las causas llegan finalmente a juicio.
Es conocida la frase que reza que “Justicia lenta no es justicia”. Sin embargo, Viale insiste en la importancia de mantener la causa a flote: “Queremos llevar ese juicio oral que, si bien no va a juzgar la totalidad de la problemática, sí creemos que puede generar un punto de inflexión y un antecedente muy importante para los funcionarios que no cumplan con las leyes ambientales”.
La trampa de la justicia provincial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en mayo de 2016, dividir las causas iniciadas por el derrame de Veladero y ordenó que el Juzgado Federal investigara a los funcionarios nacionales, mientras que el Poder Judicial provincial debía hacer lo mismo con los funcionarios sanjuaninos y los empleados de la empresa.
Esto determinó que una causa cayera en manos del juez de Jáchal, Pablo Oritja. Aunque su deber era investigar la responsabilidad de los directivos de la empresa y de funcionarios provinciales, la Asamblea de Jáchal denunció que “nunca llamó ni siquiera a declarar a Guillermo Caló (CEO de Barrick), ni al gobernador de San Juan, José Luis Gioja, ni a su ministro de Minería, Felipe Saavedra, ni a su secretario de Ambiente, Raúl Tello”. Ninguno respondió por el hecho.
A cambio, en 2017, el juez procesó a ocho empleados de la minera por negligencia e impericia. Ellos son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (supervisor junior del valle de lixiviación), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortez (supervisor de Medio Ambiente) y Walter Pizarro (gerente de Procesos). También fue procesado el gerente general y máxima autoridad de Veladero, Antonio Adames, pero la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan decidió su sobreseimiento alegando falta de mérito. Nunca se realizó el juicio que, de hecho, estaría prescrito.
Para la Asamblea Jáchal No Se Toca, al dejar la causa en manos del Poder Judicial local, “la Corte Suprema le aseguró la impunidad al CEO de Barrick y a los funcionarios de la provincia de San Juan” e hizo recaer todo el peso de la responsabilidad en “ocho perejiles”.
Dos versiones para un mismo desastre
Los expedientes judiciales consignan la rotura de una válvula como causa del derrame y una compuerta abierta como motivo de la llegada de la solución tóxica al río Potrerillos. La responsabilidad directa pareciera recaer así en los empleados de la mina. Sin embargo, desde la Asamblea Jáchal No Se Toca denuncian que se trata de una versión complaciente que encubre la verdadera causa y al “mayor responsable del derrame de septiembre de 2015, que era el CEO de Barrick en Argentina, Guillermo Caló”. Según afirma el asambleísta Saúl Zeballos, el derrame se produjo “por una sobreexplotación de la mina” y “quien había tomado la decisión de sobreexplotar la mina fue el CEO, Guillermo Caló”.
Zeballos sustenta sus afirmaciones con documentación de la propia empresa, que consta en los expedientes judiciales y a la que tuvo acceso Tierra Viva. “Las causas de ese primer derrame empiezan a generarse el 17 de agosto de 2015, porque ahí se empezó a exceder la cota máxima que tenía que respetarse en el paredón o terraplén en el valle de lixiviación de Veladero, que es donde se acumula la solución rica, es decir, la solución cianurada, y que contiene oro, plata, mercurio”, explica Zeballos.
El plan de operaciones de la mina Veladero, aprobado un año antes del derrame, determinaba que la cota de coronamiento era a 3956 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero que el nivel máximo de operación normal era a 3926 msnm. Según consta en actas, el 17 de agosto de 2015, la empresa activó un Plan de Acción Durante Emergencias (PADE), “cuando la solución cianurada traspasa el límite de los 3927 msnm, justamente por haber empezado a trabajar en código rojo”, expone Zeballos. Un día después del derrame, un acta de la empresa afirma que el nivel de cota del Área de Almacenamiento para Solución Rica (AASR) “reporta 3930,83 msnm”, es decir, por encima del límite.
Una cronología asentada en los libros de actas de la empresa permite reconstruir parte de lo que Barrick llama “un incidente”. En el acta del 13 de septiembre se lee que “a las 11:15 el líder del valle da aviso a la supervisión de que detectó (…) mineral fuera del valle por deslice del ‘terraplén’ observándose también una fuga de solución” y que “a horas 11:31 el jefe de procesos llama a sala de control y solicita la parada total de la planta”. Y en un informe fechado el 15 de septiembre de 2015, se calcula que la solución cianurada derramada al río ascendería a 4680 metros cúbicos (4.680.000 litros). El informe está firmado por los jefes de las áreas Procesos y Metalurgia de la propia empresa minera.
Con estos datos, queda claro que el desastre podría haberse evitado, ya que el derrame fue el detonante de un proceso iniciado hacía casi un mes. Sin embargo, y aunque la información obra en los expedientes, los funcionarios judiciales no profundizaron la investigación en esta línea, que apunta que la causa fue “el deslice del terraplén por sobreexplotación de la mina y no la rotura de una válvula”.
Fuente: Ana Chayle – Agencia Tierra Viva
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