El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca resolvió este viernes extender a todo el territorio nacional la medida cautelar que había dictado en septiembre de 2025 y ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir todas las pensiones suspendidas. Asimismo, también dispuso detener las auditorías iniciadas por el ex titular del área, Diego Spagnuolo, involucrado junto a la hermana presidencial Karina Milei en hechos de corrupción y coimas, que le quitaron sus derechos a miles de personas beneficiarias en todo el territorio nacional.
El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca resolvió extender a todo el territorio nacional la medida cautelar que había dictado en septiembre de 2025, en el marco del amparo colectivo presentado ante la suspensión masiva de pensiones dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con base en el Decreto 843/2024.
Diferentes presentaciones judiciales se acumularon en el Juzgado catamarqueño que este viernes emitió sentencia. Esas causas fueron impulsadas entre otros actores, por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y personas afectadas, con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Con esta decisión, el tribunal ordena a la ANDIS “que, en el plazo de veinticuatro (24 hs) desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional; y, de igual modo, hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se abstenga de continuar las auditorías con base en la normativa cuestionada (dec. 843/2024) y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.
La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa. Por eso, la resolución hace extensiva la protección judicial a todas las personas afectadas en el país, sin necesidad de que se presenten individualmente.
El fallo también designa como representantes adecuados del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, por su trayectoria y vinculación con la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En palabras del tribunal, se busca “garantizar la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso a la luz de la expansión de la cosa juzgada”.
El restablecimiento inmediato de las pensiones y la suspensión de nuevas auditorías son medidas urgentes que devuelven a miles de personas el acceso a ingresos indispensables para vivir con dignidad, señalaron desde el CELS.
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