El proyecto de Abordaje Integral del Crimen Organizado, conocido como “Ley Antimafia”, fue presentado por el Poder Ejecutivo en abril de 2024 y obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en octubre del mismo año. La iniciativa será debatida próximamente en el Senado y ha generado un intenso debate sobre su alcance y posibles aplicaciones.
Inspirada en la legislación italiana contra la mafia y la Ley RICO de Estados Unidos, la normativa busca combatir organizaciones criminales mediante medidas como la Zona Sujeta de Investigación Especial, la intervención de fuerzas federales y provinciales, y la utilización de figuras como el arrepentido y el agente encubierto. La ley establece penas de entre 8 y 20 años para quienes integren o colaboren con asociaciones ilícitas, y faculta al Ministerio Público Fiscal a decomisar bienes presuntamente vinculados a actividades delictivas, incluso sin condena previa.
Expertos advierten que la definición de organización criminal es amplia y podría aplicarse a grupos de diversa índole, incluyendo estructuras sindicales o sociales que ejerzan medidas de acción directa, como bloqueos o protestas, siempre que sean consideradas extorsión o amenazas. Este aspecto ha despertado preocupación sobre el posible uso de la ley como mecanismo de persecución política.
Históricamente, durante la gestión de la provincia de Buenos Aires bajo Eugenia Vidal, se documentaron procedimientos judiciales contra líderes sindicales en contextos de conflicto laboral, con denuncias por extorsión y amenazas que derivaban en detenciones. Los críticos señalan que la Ley Antimafia podría replicar un esquema similar, pero con un alcance más amplio y estructurado legalmente.
En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha señalado que la norma permitirá enfrentar el crimen organizado en todas sus formas, incluyendo narcotráfico, violencia en el fútbol y desorden público. Sin embargo, especialistas remarcan que las experiencias internacionales en Italia y Estados Unidos tenían objetivos muy específicos, y advierten sobre el riesgo de aplicar mecanismos diseñados para otro contexto sin límites claros, lo que podría derivar en persecución a organizaciones políticas o sindicales.
La Ley Antimafia plantea un debate central sobre el equilibrio entre seguridad y derechos civiles, y su discusión en el Senado promete ser clave para definir el rumbo de la política criminal en Argentina.
Fuente: Agencia Paco Urondo
