Compartimos el documento realizado por la Instituto de Estudios y Capacitación (IEC – CONADU) sobre lo que califican como “falacias y giros argumentales” que da el gobierno para seguir negando los fondos que corresponden a las Universidades Nacionales.
A través del Decreto Nº 647/2025 el gobierno nacional vetó, por segunda vez en su gestión, una Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria que incrementa el presupuesto universitario, becas estudiantiles y salarios para el personal docente y no docente.
A través de esa Ley, aprobada por ambas cámaras por amplia mayoría, se busca recomponer el financiamiento universitario, que se encuentra drásticamente desactualizado después de dos años de prórroga del presupuesto nacional y de ausencia de convocatoria a la paritaria universitaria.
* La irregularidad de esta situación se agravó debido a que la prórroga no cumplió con lo establecido en la Ley de Administración Financiera, que en su artículo 27, establece que: “Si al inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá el que estuvo en vigencia el año anterior”, con algunas condiciones entre las que se cuenta: “Incluir los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios” (inciso 2.c de la Ley Nº 24.156).
* El gobierno de Milei no sólo no incluyó los créditos presupuestarios necesarios para asegurar la continuidad de las actividades de las Universidades Nacionales, sino que aprovechó la particularidad de contar por dos años seguidos con un presupuesto de prórroga que subvalúa los recursos que ingresarán en el Estado Nacional, para luego distribuirlos de manera discrecional a través de Decretos de Necesidad y Urgencia.
* Así lo hizo por ejemplo, a través del DNU Nº 425/2025 de junio de este año, donde incrementó el cálculo de recursos en $43,9 billones (+49,8%) y el gasto total en $31.4 billones (33,2%), suplantando al H. Congreso de la Nación, a quien por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional se reservan las decisiones que afecten, entre otros, el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. (Ley Nº 24.156, Art. 37).
* Como vemos en el siguiente cuadro, a lo largo de este año, lejos de haber congelado el presupuesto nacional porque “no hay plata”, el gobierno lo aumentó en casi 50% por la parte de recursos y 33% en los gastos. Pero, al no consultar al Congreso y resolverlo vía DNU, distribuyó esos excedentes de manera discrecional y arbitraria. De esta manera rubros como Inteligencia crecieron 41,6%, mientras que los créditos destinados a Educación y Cultura aumentaron menos de la mitad (18,6%).
* Otros rubros priorizados por la administración Milei son “Seguros y Finanzas” (80,6%), “Judicial (36,3%); Defensa (28,8%), y Seguridad Interior (25,2%), y especialmente “Servicios de la Deuda” (19,6%), que en términos nominales, recibió el doble de recursos adicionales que la finalidad educativa.
Por último, es falaz el argumento que se utiliza para justificar el veto cuando se dice que la Ley no cumple con “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” que exige que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
El proyecto aprobado por ambas cámaras definió claramente que el proyecto puede financiarse “con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados) como ingresos”, tal como hace ahora en otros rubros el Poder Ejecutivo utilizando de manera ilegítima los DNUs e ignorando la opinión del Congreso.
* Cabe aclarar que por este método arbitrario y discrecional de asignar los recursos presupuestarios se ha reducido a mínimos históricos el financiamiento al sector educativo, y en particular de las Universidades, que ha llegado en este 2025 a sólo 0,51% del PBI, después de alcanzar al 0,72% en 2023 y 0,85% en 2015.
* A confesión de partes… Los considerandos del Decreto de veto señalan que “entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49 %, mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 220,45 %.”. Y que “en consecuencia, adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025.”. Esta es la cuenta que la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Capital Humano no se atreven a discutir en paritarias.
* El Decreto no expone esa cuenta para reconocer la deuda con las y los trabajadores de las universidades, sino para intentar demostrar que la Ley no se puede implementar sin poner en riesgo la política fiscal del gobierno, enmascarando en un argumento técnico la decisión política de desfinanciar a la universidad y a otros sectores del Estado que deben asegurar derechos y bienestar a la población, mientras se asignan recursos a las áreas que cumplen funciones represivas, se protege al capital financiero, y se garantiza impunidad a la más escandalosa corrupción de la casta que habita la Casa Rosada y sus empresarios amigos.
Entretanto, el 11 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa (DA) Nº 23/25, por el cual se dispone un recorte en el presupuesto de la Secretaría de Educación por $120.033 millones. El ajuste afecta el programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-$44.270 millones), a las Universidades Nacionales (-$40.000 millones), Infraestructura y Equipamiento (-$12.451 millones), Información y Evaluación de la Calidad Educativa ($-8.282 millones); el INET (-$6.367 millones), Jardines Infantiles (-$5.130 millones); el programa de Gestión y Políticas Socioeducativas (-$1.585 millones), entre otros. El objetivo de estos recortes, que afecta a un total de 111 programas presupuestarios del Estado Nacional, es ampliar el Superávit Fiscal y compensar los incrementos que se otorgaron a 76 programas, entre los que se cuenta un incremento de $8.872 millones dirigidos a Educ.ar, empresa estatal a través de la cual hoy se pagan grandes contratos de servicios informáticos en el área educativa con empresas internacionales, firmados originalmente en la época del ministro Alejandro Finocchiaro y ahora se renovaron, con el gobierno de Milei. De esta manera, luego de este ajuste adicional el presupuesto educativo nacional, que había llegado a 1,44% del PBI en 2023 se ve reducido a 0,76% del PBI.
* La universidad pública es efectivamente inviable en el modelo de país que quiere el gobierno de Milei. La universidad pública argentina es democracia, soberanía y justicia social. Por eso el próximo miércoles 17 de septiembre marchamos en todo el país, y exigimos a quienes representan al pueblo argentino en el Congreso de la Nación que cumplan su deber rechazando el veto.
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