En 2012 quedó embarazada en un contexto de abusos y precariedad, y tuvo en soledad un “parto en avalancha”. Los medios la apodaron “la mata bebés” y la justicia de Córdoba la condenó a perpetua. Hoy sus abogadas luchan para que se revise su caso. Por Elisa Corzo – Canal Abierto.
Desde hace 13 años, Paola Verónica Ortiz está presa en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer, provincia de Córdoba. En un proceso plagado de irregularidades y prejuicios, la Justicia provincial la declaró culpable de asesinar al feto que dio a luz sin vida el 31 de octubre de 2012.
Ese día, esta mujer de Villa Nueva (Villa María), que no terminó el 3° grado de primaria y trabajaba limpiando casas particulares, estaba sola con su hijo de cinco años. En la precaria habitación en la que, a cambio de “favores sexuales”, su exsuegro la dejaba quedarse cuando no tenía a dónde ir -muchas veces había dormido en la calle- tuvo un parto en avalancha, de emergencia, que no le dio tiempo para pedir ayuda o ir al hospital. El bebe nació sin vida.
El rumor corrió rápido por el barrio y dos amigas de Paola acudieron a la comisaría. Sospechaban de ella por los cambios en su cuerpo. Enseguida, los medios locales se hicieron eco de la denuncia y se ensañaron con la mujer: con su foto, nombre y apellido comenzaron a llamarla “la mata bebés”, a tildarla de “mujer macabra” y a contar los detalles más escabrosos, antes siquiera de que se haga alguna diligencia judicial.
Ante los rumores, el padre de sus hijos fue a buscarla y le quitó al más pequeño a la fuerza. Angustiada, aún en estado de puerperio, Paola fue a la comisaría para denunciar el hecho, e intentar explicar lo sucedido. El policía que la atendió, a pesar de que ella no tenía asesoramiento legal, le tomó declaración: quebrada en llanto ella contó sobre el parto en el domicilio. En el escrito, dejó asentado que Paola había escuchado llorar al bebe, algo que nunca se pudo corroborar en el juicio.
Con el testimonio del policía y una prueba científica (docimasia pulmonar) ampliamente cuestionada por su falta de fiabilidad, la mujer fue condenada por homicidio agravado por el vínculo y se le impuso la pena máxima. En el mismo fallo, se desestimó el informe pericial que indicaba que “no se puede aseverar si existió vida post nacimiento”.
“Hay genocidas de la dictadura que no recibieron perpetua”, dice Julia Luna, co-defensora de Paola e integrante de la Guardia de Abogadas Feministas, de Católicas por el Derecho a Decidir, para graficar el castigo desproporcionado que le aplicaron.
Mala madre
La primera sentencia contra Paola es de 2015, de la Cámara Correccional y del Crimen de Villa María, con participación de un jurado popular. Luego, confirmada por otros dos fallos que rechazan apelaciones de la Defensa. Como explica Luna, en diálogo con Canal Abierto, todo el proceso judicial estuvo signado por un acumulado de falacias. Además, “todos los prejuicios de lo que tiene que hacer una mujer-madre se dan en esa sentencia”.
En primer lugar, contrario a lo que indica el derecho penal, se usó la duda en contra de la imputada y la causa se encuadró como un homicidio por omisión: en la sentencia se le achacó haber omitido prestar los cuidados que una madre debe tener “en su deber de garante”.
“¿Cuáles serían estos cuidados que el tribunal considera?”, plantea la abogada. “Que tendría que haberle cortado el cordón umbilical al momento del parto. Expresamente lo ponen así, y esto es un saber médico. O sea, le piden a una mujer que no terminó la primaria que sepa cómo atender un parto”, cuestiona.
Además, el tribunal plantea que como era una “madre multípara”, es decir, que ya había tenido otros tres hijos, debía saber qué hacer. “El tema es que esos partos fueron en hospitales, con asistencia médica”. En cambio, “este fue un parto en el domicilio, en emergencia, que no le permitió ir al hospital, y sin redes de acompañamiento, porque estaba viviendo en esa casa de prestado”.
“A la vez, la persona que le prestaba el domicilio también ejercía violencia sexual hacia ella. O sea, todo un contexto desfavorable que la Justicia no tuvo en cuenta”, explica.
El tribunal también usó como agravante que haya ocultado el embarazo, “como si fuera algo que una quiere ir y mostrar, pero no todos los embarazos son iguales y no hay obligación de mostrarlo”.
“Ocultarlo -precisa Luna- no es una presunción de querer matarlo”.
“Entonces, son varias las falacias: no se pudo asegurar el nacimiento con vida y tampoco se pudo acreditar la conducta homicida”. Sin embargo, “esa fue la línea que guió toda la investigación penal y que después se utilizó en la sentencia para condenarla”. Lo que es más grave, agrega la abogada de Paola, es que “no siguieron otras líneas ni se tuvieron en cuenta otros elementos”.
La otra Belén
Al calor de la marea verde, el caso de la joven tucumana que estuvo más de dos años presa por un aborto espontáneo, se convirtió en bandera de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.
Por esos años, cuentan las autoras del informe “La criminalización por el aborto y otros eventos obstétricos en Argentina”, de 2021, “se decía en general que la ley penal se aplicaba poco, que no había muchos casos de mujeres presas o condenadas por abortar”.
“Pero el caso de Belén -añaden- nos hizo pensar que la criminalización podía ocurrir a través de otras figuras penales y por otros hechos. Belén nos obligó a repensar todo”.
Ese reprensar todo fue contemplar que, además de las presas por interrupciones voluntarias del embarazo, que en ese momento aún eran ilegales en la mayoría de los casos, había mujeres perseguidas penalmente por “eventos obstétricos”.
“Cuando nos referimos a eventos obstétricos aludimos a casos como los de Belén: situaciones involuntarias y traumáticas en el curso de un embarazo en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo, en contextos de precariedad y miedo, terminan en acusaciones penales graves, como homicidio agravado o abandono de persona. Son otros caminos por los que avanza la criminalización sobre las mujeres y su capacidad reproductiva”.
Casi todos los elementos que caracterizan este tipo de persecución se dan en el caso de Paola. Así surge del análisis de los 47 casos de criminalización de eventos obstétricos, relevados en los medios entre 2012 y 2020, en el marco del mencionado estudio que realizaron el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Campaña por el Aborto Legalel, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui.
El informe es contundente: las perseguidas son mujeres que pertenecen a sectores sociales vulnerables, sin trabajo remunerado, con bajo nivel de instrucción formal, que viven en condiciones habitacionales precarias y que llegan a los tribunales con vidas marcadas por distintas violencias.
También hay muchas características comunes en cómo atraviesan el proceso penal: llegan denunciadas por personas de su círculo íntimo y son representadas por defensas oficiales débiles.
En el caso de Paola, como cuentan las abogadas de la Guardia Feminista, su defensora oficial directamente nunca le creyó y desde un principio pidió que se la condene por homicidio culposo, cuando tenía todos los elementos para pedir la absolución.
Cuando a finales de 2022, un poco de casualidad, a través de una asesora judicial que se encontraba realizando un trabajo sobre violencia obstétrica, conocieron el caso de Paola, su sentencia estaba “recontra confirmada”. No solo por los dos recursos rechazados, sino porque hacía mucho que la Defensa había dejado vencer el plazo para presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja.
La Guardia de Abogadas Feministas es un espacio federal de litigio estratégico e incidencia política, impulsado por Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Su trabajo se enfoca en casos de justicia sexual y reproductiva, también en la formación y sensibilización del Poder Judicial, las asociaciones profesionales y académicas, y la incidencia política. Desde finales de 2022, las abogadas cordobesas Julia Luna y Rocío García Garro acompañan a Paola Ortiz en su pedido de justicia.
En este marco, en abril de 2024, la Guardia de Abogadas Feministas usó su última carta: presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba un recurso de revisión de la sentencia. Lo acompañaron a través de Amicus Curiae otros diez organismos de derechos humanos, que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, como el CELS, INECIP, la Facultad de Filosofía de Córdoba, el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), Católicas por el Derecho a Decidir y Abogadas por el Chaco. Todavía esperan la respuesta.
“Lo que le pedimos al Tribunal -explica Julia Luna- es que la sentencia se revise con perspectiva de género y que se tenga en cuenta el contexto social en el que se habían dado los hechos. Además, pedimos que revise de nuevo la prueba”.
Para eso, aportaron nuevos elementos: un informe de una médica gineco-obstetra, en el que sostiene que toda la prueba contenida en el expediente apunta a que se trató de un “parto en avalancha”, que no le dio tiempo a Paola a ir al hospital por las contracciones tan seguidas y el parto veloz. En este tipo de eventos, asegura la especialista, “el feto nace muerto”.
En mi nombre
A diferencia de Belén, que es un nombre ficticio, usado para proteger la identidad de la joven tucumana, Paola decidió que su caso se conozca con su nombre y apellido. Para rebatir lo que sin su consentimiento difundieron los medios, reivindicar su historia y que llegue a su familia e hijos, a los que no ve desde 2012.
Julia Luna hace hincapié en esa decisión de Paola y en el acompañamiento integral, además del accionar jurídico, que lleva adelante la Guardia Feminista desde 2020. Porque las violencias hacia la mujer se siguen perpetuando tras la sentencia: aún hoy, es atacada por sus compañeras de celda fruto del estigma de “mata bebés” con el que la marcaron los medios. Hace unos años, una golpiza le provocó una fractura de columna.
En el encierro, además, dio a luz a dos hijos: en ambos casos la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) la privó de su “derecho a maternar” y los dio en adopción o guarda.
Para la abogada de Católicas, el entramado de violencias que recaen sobre Paola y otras tantas mujeres que aún hoy están criminalizadas por eventos obstétricos, tienen que ver con “una Justicia desconoce los procesos biológicos de las mujeres”. Como señaló Rosana Fanjul, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en declaraciones a Tiempo Argentino, las denunciadas, solo desde 2020, son por lo menos 22.
Aún hoy, a cinco años de la sanción de la ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la Justicia “desconoce cómo se dan los partos, desconoce en qué situaciones las mujeres tienen abortos o eventos obstétricos, y desconoce que los partos ocurren en circunstancias distintas, también, de acuerdo al nivel socio-económico de la mujer”.
“No hay -agrega- una cárcel pensada para las mujeres y tampoco hay una Justicia y un sistema penal pensado para las mujeres. Cuando una mujer es sospechada de haber cometido un delito que tiene que ver con un parto, o cuando es acusada de matar a sus hijos, todo el sistema judicial opera en su contra. Y, en realidad, lo que debería primar es el principio de inocencia: se tiene que probar la culpabilidad”.
Esto es así en el caso de Paola. “Acá hay una situación injusta que no merece esta tremenda condena. Sobre esto queremos que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie y resuelva, y que le dé una respuesta a esta mujer que hace 13 años está presa”.
Imagen: Colectivo Luz en la Piel (producidas en el marco del taller de fotografía estenopeica del colectivo Yo No Fui, en la Unidad 31 y IV de Ezeiza)
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