Esta semana se llevó adelante un audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se denunció al gobierno nacional por el “ataque recurrente contra periodistas y trabajadores de prensa” que desde hace dos años lesiona la libertad de expresión y de prensa “de forma planificada y persistente”. En este marco, la CIDH expresó su preocupación por la situación expuesta.
La audiencia presencial se realizó en la Universidad de Miami, Estados Unidos, con presencia de representantes del Estado nacional y de Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el SiPreBA y FATPREN, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras organizaciones sindicales, académicas -como la Carrera de Comunicación de la UBA-, profesionales y de derechos humanos, que presentaron denuncias.
Durante su exposición, el secretario adjunto electo del SiPreBA y tesorero de FATPREN, Francisco “Paco” Rabini, afirmó que “por primera vez en democracia, la conducción de un gobierno diseña, dirige y alienta una campaña de ataque recurrente contra periodistas y trabajadores de prensa”.
“‘No odiamos lo suficiente a los periodistas’, tuiteó el presidente Milei. Esa y otras tantas frases tienen consecuencias. Los insultos y descalificaciones no sólo buscan atemorizar, disciplinar y silenciar a quienes hacen su trabajo en los medios, también habilita ataques y agresiones físicas concretas. Como le sucedió a dos fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín, quienes fueron perseguidos con un cuchillo durante la cobertura de un acto de Milei o también al periodista y dueño del medio El Destape, Roberto Navarro, atacado a golpes por un desconocido (…). La represión sistemática a trabajadores de prensa que cubren protestas es la cristalización de ese posteo en una política de Estado. En cada marcha, las fuerzas de seguridad disparan balas de goma y gases contra camarógrafos, reporteros gráficos, cronistas, productores. Sólo en la manifestación del 1 de febrero de 2024 contabilizamos 52 trabajadores de prensa heridos. El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, que el 12 de marzo quedó al borde de la muerte por una granada de gas disparada directo a su cabeza. Tras 8 meses, hoy sigue peleando por su vida”, agregó Rabini.
Rabini además destacó y denunció que “el desguace de los medios públicos, en especial del servicio periodístico de la agencia nacional de noticias Télam” son parte de un “atentado contra la libertad de expresión y contra todo el sistema federal de medios”. Eso incluye el “vaciamiento” en Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales educativas y culturales: “Al igual que todos los trabajadores en Argentina, en prensa también sufrimos las políticas económicas de este gobierno. El resultado: un periodismo precarizado, que no cuenta con las condiciones necesarias para ejercer un oficio que es fundamental para la calidad democrática de un país. Atacan a la prensa porque quieren destruir el rol social de la comunicación, que tiene la capacidad de cuestionar un modelo económico, social y político excluyente”, completó.
En el mimo sentido se expusieron las cifras del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA que señala que en 2024 se registraron 179 casos de ataques al ejercicio periodístico y un aumento del 53% respecto a 2023. “El presidente encabeza la mayor parte de los agravios. Es responsable de 113 de los 250 casos registrados hasta noviembre del 2025″, sostuvo Paula Moreno, presidenta de FOPEA.
“En 2024 y lo que va de 2025 cerca de 300 trabajadores de prensa resultaron heridos: lesiones oculares, heridas en el rostro, impactos de balas en el cuerpo. Su trabajo en el contexto de las manifestaciones sociales es clave, ya que las imágenes, filmaciones y fotografías funcionan como un control externo del Estado. Pero el gobierno no quiere que su accionar quede registrado, y lo resuelve apuntando a periodistas en la calle”, agregó Paola Garcia Rey, directora adjunta de Amnistía internacional Argentina.
Tras la audiencia, la propia CIDH resumió que durante el encuentro “organizaciones alertaron sobre el grave deterioro del clima para el ejercicio periodístico en Argentina, con reportes de violencia en línea, hostigamiento y estigmatización por parte de altas autoridades, judicialización y uso desproporcionado de la fuerza pública en coberturas de protestas”, y solicitaron una visita e informe temático por parte de la CIDH.
“El Estado afirmó que no existen restricciones ni medidas regresivas a la libertad de expresión, negó la existencia de un patrón de persecución a la prensa y sostuvo que los mecanismos de control funcionan adecuadamente. En este marco, la CIDH expresó su preocupación por la situación expuesta y advirtió que, aunque no existan restricciones legales a la libertad de expresión, pueden presentarse en la práctica limitaciones que afecten su ejercicio. También ofreció cooperación técnica y la facilitación de espacios de diálogo, y reiteró su intención de realizar una visita al país”, completó la Comisión.
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