Compartimos distintas repercusiones ante la decisión del gobierno nacional de designar al frente de la cartera de Defensa al jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Alberto Presti, hijo de Carlos Roque Presti, quien murió impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata, que incluía los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio La Cacha, Arana y Comisaría 5ª.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que el nombramiento constituye una “provocación” del Gobierno: “Esto es iniciar una situación de violencia en la sociedad, cuando ya sabemos la vida que ha tenido la Argentina con los golpes de Estado, con las dictaduras y con todo lo que hemos sufrido”.
Agregó que el Gobierno “está mortificando al país con ideas extrañas y tenemos la obligación de impedírselo”: “El que tiene vocación militar que esté en esa vocación y que cumpla con la obligación de defender y defendernos, pero las políticas de Estado las manejan los civiles. Estos son inventos que destruyen la identidad. Van cambiando lo que ya es historia para hacer una historia nueva que no sirve para nada o es peligrosa”.
Desde H.I.J.O.S. Capital advirtieron: “Su padre Roque Carlos Presti estuvo acusado por delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado (…). Durante la dictadura genocida Roque Carlos Presti estuvo al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, a cargo la represión en el área 113. Bajo esa órbita funcionaron los Centros Clandestinos La Cacha, Pozo de Arana y la Comisaría 5ª, entre otros (…). Murió impune, acusado de secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas de delitos de lesa humanidad (…). Entre los casos, está el ataque a la casa de Teruggi- Mariani, tras el cual sigue desaparecida Clara Anahí Mariani-Teruggi, quien tenía 3 meses de edad cuando cometieron el operativo represivo del que Presti está acusado de haber sido parte (…). Cada vez más familiares de genocidas integran el gobierno de Milei y Villarruel. El silencio es un pacto con la impunidad”.
Myriam Bregman, diputada electa por el Frente de Izquierda y abogada e integrante del CEPRODH (Centro de Profesionales para los Derechos Humanos), expresó: “La designación parece ser otra expresión de la subordinación vasalla con Estados Unidos. Hace unos días Donald Trump dio un fuerte mensaje autoritario en una reunión convocada por su secretario de Defensa, Pete Hegseth, con los principales 800 generales y cuadros militares. Trump les planteó como tarea prioritaria el combate contra “el enemigo interno” y usar las ciudades norteamericanas como campo de entrenamiento para guerras imperialistas (…). Luego, Milei aprovecha que Petri deja el Ministerio para girar en el mismo sentido. No parece casualidad, la construcción del enemigo interno como doctrina baja, otra vez, desde el norte. Algunos señalan las relaciones que tiene el propio Carlos Presti con Estados Unidos (…). El padre del nuevo ministro, Roque Presti, fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, que tuvo a su cargo el Área 113. Fue uno de los responsables del operativo donde asesinaron a Diana Teruggi y a otros militantes en noviembre de 1976 en la casa ubicada en la calle 30, entre 55 y 56. Allí fue secuestrada y continúa apropiada hasta el día de hoy, Clara Anahí, la nieta de “Chicha” Chorobik de Mariani, co-fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo (…). También es responsable de otros operativos como el que se llevó a cabo para secuestrar a los estudiantes secundarios en lo que se conoce como la ‘Noche de los Lápices’. Tuvo varios centros clandestinos a su cargo, como ‘La Cacha’, Arana o Comisaría 5ta, entre otros (…). Mientras, seguimos preguntando: ¿dónde está Clara Anahí? El actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, que ahora dejará su cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa ¿le habrá preguntado por ella a su padre, como hubiese hecho cualquier persona no comprometida con la impunidad? ¿Sabe quién se apropió de Clara Anahí Mariani?”
Otro querellante destacado en causas por crímenes del terrorismo de Estado, Pablo Llonto, al frente del Colectivo de Abogados Mario Bosch, calificó la situación como una “enorme preocupación” y advirtió que la llegada de Presti podría afectar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia: “Le pone sombras a la continuidad democrática, porque simbólicamente es un retroceso (…). Todo lo que venga de Defensa de aquí en adelante respecto a los juicios por delitos de lesa humanidad no va a aportarlo. Antes se contestaban los pedidos judiciales, pero esto genera incertidumbre”.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) también manifestó su “más enérgico repudio”: “Constituye un grave retroceso en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, que buscó terminar con la influencia castrense en la vida política tras la última y sangrienta dictadura cívico-militar-empresarial (…). Esta designación no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón alarmante del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel: la fuerte presencia de familiares de genocidas en cargos de poder y la adopción de una posición abiertamente negocionista y reivindicadora del terrorismo de Estado (…), pretende relativizar y hasta justificar el horror genocida, deshonrando a las 30.000 víctimas y burlándose del consenso social y jurídico que sostiene que estos crímenes no prescriben y no pueden ser reconciliados (…). Por eso, apelamos a la memoria histórica que nos constituye como pueblo y a la conciencia de toda la sociedad para rechazar firmemente este intento de blanquear la historia y militarizar la política”.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideraron que la elección de Presti “quiebra el principio de control civil y alinea al país en una agenda geopolítica belicista impulsada por Estados Unidos. A 50 años del golpe, el gobierno utiliza retóricas revisionistas para justificar un giro que reinstala a los militares en el centro del poder político”.
Señalan que esta designación “debe ser leída por sus consecuencias dentro y fuera del país, política interna y externa, dos niveles que están directamente entrelazados: por un lado, militarización de la política y, por otro, de politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia consentida con Estados Unidos”.
“En lo interno, lleva a un nuevo nivel la tendencia de este gobierno a designar militares en actividad o retirados en puestos clave. Esta impronta que se ha extendido en la SIDE, en el Ministerio de Seguridad y en Defensa, imprime un carácter belicista y militar a campos de gobierno que demandan una lógica política y civil. Es una tracción que supone un avance hacia la militarización de la política interna con el riesgo consecuente de politizar a las fuerzas armadas, que entran a jugar directamente en la interna del gobierno. Implica el desprecio por la noción de control civil de las fuerzas armadas, un principio de muchas democracias orientado a que las instituciones que detentan armamento no puedan autonomizarse de la autoridad soberana. La noción de gobierno y control civil apunta a que quien está a cargo de gobernar a las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar en el gabinete. Incluso en países altamente militarizados, como los Estados Unidos, justamente para resguardar el control civil, un ex militar no puede ser nombrado como secretario de Defensa a menos que haya estado fuera del servicio por los últimos 7 años, que se extienden a 10 en el caso de generales y almirantes”, adiverten.
“Se trata de una decisión de gran peso simbólico y operativo en relación con el alineamiento a una agenda geopolítica bélica que se aleja del derecho internacional. Ya pasó más de un año desde que Milei anunció en las Naciones Unidas que Argentina abandonaba su posición histórica de neutralidad, lo que derivó en una subordinación a los Estados Unidos, incluso ante la eventualidad de situaciones de altísima conflictividad y que se desplieguen en nuestra región. Las posiciones y votos cada vez más antidemocráticos y aislados en los ámbitos multilaterales (como la falta de condena a la tortura) se reproducen en lo militar: la búsqueda por ser socios globales de la OTAN y de reforzar la relación con el Comando Sur de los Estados Unidos son solo dos ejemplos”.
“A pocos meses de cumplirse 50 años del golpe militar de 1976, el gobierno anunció la designación afirmando que la ‘demonización’ de las fuerzas armadas debe terminar. El nombramiento se vuelve también un símbolo de estos tiempos. Es necesario insistir en que las Fuerzas Armadas no fueron demonizadas, sino que hace casi 50 años orquestaron un plan criminal contra la sociedad argentina luego de haber ocupado el poder de manera ilegal. La gravedad de esta designación se subraya con esta retórica revisionista, que marca el reingreso de un militar como ministro”, finalizan desde el CELS.
Fuentes: CELS / Canal Abierto / ANRed
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