La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dio a conocer su informe anual de 2025. Allí señala que desde que se reiniciaron los juicios, en 2006, se dictaron 357 sentencias, de las cuales 19 corresponden a este año en el que 60 personas recibieron sentencia por primera vez, de las cuales 51 fueron absueltas. El 83% de los condenados y el 90% de los procesados permanece en arresto domiciliario.
La Procuraduría es la oficina especializada en temáticas de lesa humanidad del Ministerio Público Fiscal, y está a cargo de la fiscal María Ángeles Ramos. El informe anual 2025 está elaborado con base en la información brindada hasta el 1° de diciembre por las fiscalías y unidades fiscales que intervienen en estos procesos.
El relevamiento precisa que en 2025 se dictaron 19 sentencias en las que obtuvieron sentencia por primera vez 60 personas: 9 fueron condenadas y 51 absueltas. Esto se debe en gran parte al resultado de los juicios de las causas “La Huerta” (que tuvo 8 condenas y 27 absoluciones) y “Pellegrini” (17 absoluciones) en los tribunales orales federales de Mar del Plata y N°1 de Rosario, respectivamente.
En tanto, en las 349 causas en las que aún no se ha dictado sentencia, el estado de la investigación se encuentra en distintas fases. Las más avanzadas corresponden a las 12 causas que están en juicio a la fecha de cierre de los datos. En tanto, 61 causas ya fueron elevadas a juicio y aguardan el inicio del debate, lo que significa un 9% del total.
En estas causas en trámite hay 316 personas procesadas, 176 con falta de mérito y 102 sobreseídas. Además, hay 500 personas que tienen pedido de indagatoria del MPF y que no fueron convocadas a realizar su descargo, y 74 que fueron indagadas y que aguardan la resolución de su situación procesal.
El informe refiere además que “del universo total de personas que han estado bajo investigación [3.875], 1.565 (40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 515 (13%) están detenidas. Como categorías residuales, se presenta un total de 33 prófugos y 1.762 fallecidos/as. De éstos, 1.252 murieron antes de obtener sentencia y 510 luego del dictado de una condena o absolución”.
A su vez, el relevamiento de la Procuraduría agrega que a 11 de los 33 prófugos se les ha negado la extradición, 1 se encuentra transitando ese proceso; 3 están localizados, pero aún no extraditados; y respecto de 18 no se conoce su paradero.
La modalidad de arresto domiciliario sigue siendo la que predomina entre las personas detenidas: representa el 84% del total (434 de 515). De todas ellas, el 45% cuenta con un dispositivo electrónico como mecanismo de control de la prisión domiciliaria, que permite conocer su ubicación y reporta egresos no autorizados.
El 4% (19) de las personas en prisión se encuentra detenido/a en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o provinciales, mientras que el 12% (62) lo hace en la Unidad Penitenciaria N° 34 situada en la guarnición militar de Campo de Mayo, que “impiden homologarla con el resto de las unidades penitenciarias del país” por “el rol del Ejército en su administración”, señala la procuraduría.
El 81% de las personas detenidas tiene al menos una condena (419), mientras que el 19% restante se encuentran procesadas (96). El 83% de las personas condenadas (348) cumple la detención bajo arresto domiciliario; ese porcentaje asciende al 90% en el caso de los procesados (86).
En su informe, la Procuraduría analiza el impacto en las sentencias de la persecución penal de los crímenes de violencia sexual, que fue incorporada a la política criminal del MPF con la Resolución PGN 557/2012. En este sentido, señala que 59 de las 357 sentencias dictadas desde 2006 contemplan delitos relacionados con violencia sexual, por hechos en los que fueron damnificadas 264 víctimas (224 mujeres y 40 varones). El 12% de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad (170) fueron sancionadas por la comisión de esta especie de delito, mientras que 35 resultaron absueltas.
En otro orden, el 52% de las 357 sentencias dictadas desde 2006 posee alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas que recibieron sentencia ante la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema. El tiempo que transcurre -en promedio, en las causas que ya se encuentran firmes- desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el último fallo de la Corte es de 6 años y 2 meses. En este contexto, 146 se encuentran firmes: 21 llegaron a esa situación por sentencias dictadas por tribunales orales federales (entre ellas, 15 fueron dictadas en juicios abreviados); 31, tras fallos de la Cámara Federal de Casación; y 94 fueron confirmadas por la Corte Suprema.
En tanto, 183 aún posee alguna instancia recursiva pendiente para al menos una de las personas sentenciadas.
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