La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei quedó a un paso de convertirse en ley, en medio de una negociación política que permitió reunir los votos necesarios y acelerar su tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina. El proyecto, uno de los ejes centrales de la agenda oficial, obtuvo media sanción, fue modificado en Diputados y ahora se encamina hacia su aprobación definitiva.
En la Casa Rosada destacan la rapidez del trámite legislativo y lo atribuyen a acuerdos con gobernadores que aportaron votos clave para garantizar el avance de la iniciativa. Dentro del oficialismo, subrayan el rol de la mesa política del Gobierno en la construcción de consensos.
El Ejecutivo considera que se trató de una semana favorable en términos políticos y económicos. Señalan como señales positivas la recomposición de reservas del Banco Central, la baja del dólar oficial y el dato de inflación mayorista de enero, que interpretan como un factor que podría moderar la evolución de los precios.
Sin embargo, el cierre de la planta de Fate abrió un frente de conflicto inesperado en pleno debate laboral. La decisión empresarial generó malestar en el Gobierno por su impacto mediático y por coincidir con la discusión de la reforma.
El Presidente cuestionó públicamente al titular de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, y sugirió que la medida no solo fue inoportuna, sino que también tuvo un efecto político. A partir del conflicto, el Ejecutivo dispuso una conciliación obligatoria entre la empresa y el gremio para garantizar la reapertura de la planta y la continuidad salarial de los trabajadores. La intervención fue instrumentada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
La decisión oficial generó interrogantes, incluso dentro del ámbito político, sobre la intervención estatal en un conflicto empresarial. En el oficialismo admiten que con el paso de los días la tensión inicial comenzó a disminuir.
Más allá del episodio puntual, el Gobierno buscó dejar una definición política: el Presidente sostuvo que ser liberal no implica ser “pro empresa”, sino defender el libre mercado. En ese marco, desde Balcarce 50 transmiten resultó claro que las compañías deberán adaptarse al nuevo escenario económico para sostener su competitividad.
