Compartimos a continuación los análisis y opiniones de los integrantes del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, entre otros.
Desde el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma presentaron un informe en el que analizan el contenido del proyecto de ley de Reforma que presentó esta semana el Gobierno y que pretende aprobar en sesiones extraordinarias antes de fin de año.
Desde el IEF consideran que el proyecto incluye tres reformas: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que combina aspectos laborales e impositivos; el ataque al derecho a reclamar y el vaciamiento de las organizaciones gremiales y la Ley de Contrato de Trabajo. En este sentido, advierten que ninguna de estas reformar implica en beneficio para el sector de los trabajadores.
Sobre el establecimiento del Fondo de Asistencia Laboral señalan que, a diferencia de lo presentado en la Ley Bases, ahora pasa a ser obligatorio. Se trata de una contribución del 3% que sale de los aportes que las patronales ya hacen a Anses, por lo que en realidad no se incrementa el aporte de las patronales, sino que se desfinancia el ente previsional. Además, se reduce en 1% el aporte que se hace a las obras sociales.
“Las estimaciones de estas iniciativas sobre los fondos de la ANSES y de las obras sociales todavía deben ser analizadas en detalle, pero una primera aproximación señala que se trataría de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año que los trabajadores les transfieren a los empleadores. Además, quienes administren los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán cobrar una comisión que será determinada por la reglamentación. Una verdadera AFJP de los despidos”, afirman desde el IEF.
“La segunda reforma contiene un ataque a la acción colectiva de los trabajadores a través de las organizaciones sindicales. Se prohíbe el derecho de huelga, los convenios colectivos quedan a tiro de una resolución del Ministerio de Capital Humano y se impulsa la descentralización de la estructura sindical”, agregan.
En este sentido, la reforma vuelve a lo planteado en el DNU 70/23 que refiere que hay actividades que son consideradas servicios esenciales o de importancia trascendental por lo que durante una huelga los trabajadores deben garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75% del que corresponda para un día normal.
Desde el IEF también advierten que las asambleas o congresos de delegados también quedan bajo amenaza ya que en la mayoría de los casos será necesario contar con autorización del empleador y se aclara que durante su realización no se devengan salarios, aún cuando se realicen como reacción a un incumplimiento patronal.
Para el IEF otro ataque del proyecto es a la negociación colectiva al otorgar primacía al convenio por empresa o región, por sobre el convenio por actividad o nacional; habilitar la negociación a la baja; debilitar la ultraactividad; y abrir un procedimiento que amenaza a todos los convenios vigentes en la actualidad.
“Se trata de una reedición de las leyes impulsadas en 1998 (ley 25.013) y en 2000 (ley 25.250, más conocida como Banelco). El objetivo es obligar a renegociar todos los convenios desde cero y en los ámbitos más descentralizados que se pueda (…). En la práctica esto podrá afectar a los derechos consagrados en los convenios por encima de la ley, como las categorías laborales, la cantidad de delegados, el régimen de licencias, el reconocimiento del día del trabajador de la actividad, el funcionamiento de las comisiones paritarias, los límites a las sanciones, el derecho a ocupar puestos superiores, etc”, explican desde el Instituto de la CTA Autónoma.
El IEF también alerta sobre el avance sobre la financiación de los gremios: “El proyecto pone en cuestión los aportes obligatorios a cargo de trabajadores no afiliados que se benefician por los resultados de cada convenio. Estos aportes, para hacerse efectivos, requerirán la conformidad previa de cada trabajador, algo que difícilmente suceda en la práctica, y que tiene el objetivo de desfinanciar las organizaciones sindicales (…). Llamativamente, el consentimiento del trabajador no afiliado no se exige cuando los aportes se establecen en convenios colectivos de empresa, lo que implica una invitación a ir hacia este nivel de negociación”.
En el proyecto se elimina además la protección a suplentes y congresales: “(Esto) dificulta la conformación de listas sindicales o de delegados y obstaculiza la generación de nuevos cuadros sindicales en los distintos ámbitos. Por otra parte, la reforma promueve la formación de sindicatos de empresa y en muchos casos habilita a que las comisiones internas negocien a la baja cuestiones como la jornada reducida (…). Se trata de un impulso a la descentralización del sujeto sindical que no registra antecedentes en la historia de la legislación sindical en nuestro país, y que podría facilitar la conformación de sindicatos amarillos. Adicionalmente, el proyecto dispone que en caso de negociar un convenio por empresa la representación sindical deberá estar en cabeza de los sindicatos locales y no de los sindicatos nacionales, algo que en definitiva debería ser decidido por los propios trabajadores”.
Sobre los convenios colectivos de trabajo, en el proyecto se incluye la derogación de nueve artículos y la modificación de otros 55 artículos. Al respecto, desde el IEF señañan: “Casi el 25% de la LCT queda distinta después de este proyecto. La reforma de la dictadura en 1976 alcanzó al 41%”, observa el estudio. Y señala que “en todos los casos se busca fortalecer la posición de los empleadores en el día a día de la relación laboral, ahorrar costos laborales y limitar la posterior capacidad de reclamo (…). El proyecto busca individualizar los vínculos laborales. Por ejemplo, se habilita a establecer bancos de horas u otras modalidades de jornada laboral flexibles, el fraccionamiento de las vacaciones y su otorgamiento en cualquier momento del año por acuerdo individual, sin ningún tipo de intervención sindical. Asimismo, otorga mayores facilidades para la tercerización, prohíbe que los trabajadores eventuales sean electos delegados sindicales, habilita la reducción salarial de los trabajadores que se reincorporan luego de una enfermedad o un accidente inculpable, reduce la indemnización por despido, y limita la promoción de acciones judiciales fundadas en el derecho común. Estos cambios además implican un ahorro patronal en el pago de horas extras, indemnizaciones u otras cargas que surjan de una acción judicial por parte del trabajador”.
“Por el lado de los trabajadores de plataformas – continúan desde el IEF –, la ley les dedica un capítulo entero para garantizar que nada cambie. No avanza un milímetro respecto de la situación actual. Siguen sin ser reconocidos como trabajadores y no les otorga más derechos de los que hoy en la práctica pueden ejercer. Asimismo, el proyecto elimina el Estatuto del Periodista, la ley de viajantes, la ley de teletrabajo, lo que dificultará mucho el ejercicio de derechos vinculados a estos sectores o para quienes realizan sus tareas de manera remota”.
“Los discursos que buscan justificar estas iniciativas siguen siendo los mismos. La promesa de que los cambios en la legislación promoverán la creación y la registración del empleo. La experiencia de la Ley Bases y de los años 90 muestra que el resultado puede ser el opuesto, que el impulso del empleo formal depende mucho más de lo que pase con la actividad económica. Por el contrario, actualmente asistimos a un intento de refundar la regulación de las relaciones laborales que cristalice en la legislación los intereses del capital. Este proyecto supedita la vida de los trabajadores a las necesidades de la patronal, desfinancia a los sindicatos, desarticula la organización gremial y ataca el derecho constitucional de huelga. Un conjunto de medidas que, de consolidarse, dificultará cualquier reversión en el futuro”, cierra el informe del IEF.
En el mismo sentido se pronunciaron desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Para ellos, el proyecto de Reforma Laboral que presentó el gobierno nacional es profundamente regresivo, y pretende avanzar contra los derechos laborales individuales y colectivos. Señalan que en cada uno de los 191 artículos de sus 71 páginas “se busca fortalecer la posición patronal y debilitar la de quienes trabajamos”.
“La reforma impulsada por el gobierno contiene tres niveles de ofensiva contra nuestros derechos: 1) Multimillonaria transferencia de recursos: irán del trabajo al capital por vía de la creación de un Fondo de ‘Asistencia Laboral’ y la reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social, desfinanciando el sistema previsional. 2) Debilitamiento de la acción colectiva: buscan disminuir al máximo la posibilidad de negociación colectiva y el rol de las asociaciones sindicales. 3) Disciplinamiento en los lugares de trabajo: eso es lo que buscan con múltiples cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y otras leyes laborales”, afirman desde la Federación.
Respecto al Fondo de “Asistencia Laboral”, aseguran que es la nueva versión del Fondo de Cese Laboral de la “Ley de Bases” que no se implementó: “Ahora será obligatorio y se financiará con fondos que perderá la ANSES, y subsidiará a los empleadores para que puedan despedir sin costo. También se bajan los aportes patronales a las obras sociales. Serán entre 2000 y 2500 millones de dólares que los trabajadores le transferiremos a un fondo administrado por privados que cobrarán una comisión”.
Agregan que el ataque al derecho de huelga es una prohibición de facto a su ejercicio: “El gobierno insiste por tercera vez con el texto del DNU 70/23 -empeorándolo-, declarado inconstitucional por la Justicia Laboral; y el decreto de ‘Marina Mercante’ 340/25, derogado por el Congreso, según el cual casi todas las actividades, incluyendo la aceitera y desmotadora, pueden ser consideradas “servicios esenciales” o de “importancia trascendental”, lo que implica que se tenga que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%. Ello desnaturaliza el ejercicio de la huelga”.
Afirman que en el proyecto también se busca obstaculizar el derecho de realizar asambleas y congresos sindicales: “Privilegia los convenios de empresa por sobre la negociación colectiva por actividad, debilitando la fuerza gremial, los pisos comunes de derechos, y favorece la dispersión sindical por planta y empresa. (…). Entre los ataques a la Ley de Contrato de Trabajo se destaca la creación de un ‘banco de horas’ que rompe la limitación de la jornada de trabajo, obligando a trabajar horas extras sin abonarlas como tales, con la mera compensación de horas ‘libres’ a discreción de la patronal. También se afecta la integridad psicofísica de este modo”.
“Esta brutal ofensiva se disfraza con el márketing político de ‘modernización’ y ‘creación de empleo’. Con la reforma laboral de la “Ley de Bases” del 2024 se dijo lo mismo. Pero los resultados son los opuestos, ya se destruyeron casi 300.000 puestos de trabajo registrado y cerraron muchísimas unidades productivas, destruyendo la industria nacional. La realidad de este gobierno patronal es que sólo quieren quitarnos derechos. El derecho a organizarnos y a luchar por un Salario Mínimo Vital y Móvil para una vida digna. Reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos laborales, salariales, sindicales y democráticos de las trabajadoras y los trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón. Lo haremos con todas las herramientas constitucionales a disposición de la clase trabajadora argentina, fundamentalmente el ejercicio del derecho de huelga”, finalizan desde la Federación.
En tanto, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) emitieron un comunicado en el que alertan sobre la inclusión de la derogación del Estatuto del Periodista en el proyecto de reforma:
“Apenas diez días después de llegar a la Casa Rosada, el gobierno nacional presentó por primera vez su proyecto de supuesta ‘modernización laboral’. Detrás de ese nombre se esconde una regresión de un siglo en materia de derechos laborales, conquistas que fueron fruto de décadas de lucha de las trabajadoras y los trabajadores junto a sus organizaciones sindicales. Ese plan regresivo —que el gobierno logró aplicar parcialmente mediante la Ley Bases— es el que ahora pretende profundizar. Si lo aprueban, la vida de quienes trabajamos, tengamos un trabajo registrado o no, será muchísimo más difícil y estará más desprotegida.
Para quienes trabajamos en la actividad periodística, este gobierno impulsa un ataque directo: de la noche a la mañana, sin mediar debate alguno, busca derogar el Estatuto del Periodista Profesional y el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas. Estas normas, sancionadas hace 80 años, son la base de nuestros derechos y la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo. Permiten a cualquiera que trabaje en prensa, incluso sin el correcto registro, intimar a quien lo emplea para que se ajuste a derecho si incurre en algún tipo de fraude laboral y exigirle una reparación. Incluso si el trabajador o la trabajadora no quiere realizar una acción judicial, le otorga mejores condiciones para cualquier tipo de negociación. Estos son derechos que dan una protección especial para ejercer la tarea de informar frente a las presiones de los intereses políticos y económicos. No sorprende que incomoden a un presidente como Javier Milei, que fomenta abiertamente el odio al periodismo.
Además, el proyecto del gobierno deroga artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes a las señales audiovisuales con la que se sostienen los medios públicos, medios comunitarios y micropymes. De este modo, con una misma norma el gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: le quita derechos a quienes trabajan en sus compañías y las exime de impuestos que fueron pensados para posibilitar un arco de voces plural y democrático en la información. Paradójicamente, esas grandes empresas de medios son voceras de estas normas que flexibilizan aún más el trabajo periodístico pero se niegan sistemáticamente a discutir una modernización laboral en cada paritaria, cuando desde el sindicato promovemos regular la inteligencia artificial, el teletrabajo, las nuevas funciones. En pocas palabras, encontraron en este proyecto un negocio redondo.
Todo se agrava al ser una iniciativa con la que avanzan de facto. En los últimos dos años, ni el gobierno ni las empresas de medios pusieron en debate el Estatuto del Periodista, su vigencia o anacronismo. Tampoco promovieron ninguna discusión al respecto.
Nuestra suerte está ligada a la del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores en la Argentina, a quienes este gobierno nacional nos convirtió en enemigos declarados. No existe otra explicación para la licuación de salarios y jubilaciones iniciada desde el primer día de gestión, con una devaluación que significó una transferencia brutal de recursos desde quienes trabajamos hacia los dueños de las empresas más grandes del país.
Más que nunca, vamos a fortalecer junto a las organizaciones y centrales sindicales la defensa de nuestro derecho a tener derechos laborales. Lo haremos ante el Congreso, ante el Poder Judicial y en las calles. Convocamos a nuestros compañeros y nuestras compañeras a participar, afiliarse y poner freno a la contrarreforma laboral”.
La entrada Rechazos a la Reforma Laboral que impulsa el gobierno nacional se publicó primero en Redeco Alternativo.
Fuente: https://redeco.com.ar/principal/75400-rechazos-a-la-reforma-laboral-que-impulsa-el-gobierno-nacional
