Un procedimiento clave que no llegó a concretarse.
El martes 23 de septiembre de 2025, la Justicia federal intentó ejecutar un procedimiento que podría haber marcado un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el ámbito militar. El objetivo era claro: recolectar documentación que permitiera esclarecer el manejo de miles de millones de pesos destinados a la salud y bienestar del personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el operativo terminó en un hecho insólito: la Policía Federal se retiró del Ministerio de Defensa sin una sola prueba física, en lo que los investigadores describen como una maniobra deliberada para entorpecer la investigación.
La causa, registrada bajo el expediente CFP 3611/2025, está caratulada “De Petri, Luis y otros s/ malversación de caudales públicos y otros delitos”. Interviene el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 9, Secretaría 17, con la participación de la Fiscalía Federal N.º 7, a cargo de Ramiro González. La orden judicial, emitida el 22 de septiembre, llevaba la leyenda “ACTA DE ALLANAMIENTO” y contemplaba el secuestro inmediato de la documentación requerida. Sin embargo, en el Ministerio se la presentó como una simple orden de presentación, evitando así que los investigadores se llevaran material crítico en ese momento.
Qué buscaba la Justicia
El allanamiento apuntaba a tres ejes centrales. El primero era la recolección de todos los expedientes de compras y contrataciones realizadas desde 2024, tanto por licitación como por contratación directa o mecanismos de excepción. El segundo, obtener el convenio marco firmado entre el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el IOSFA, mediante el cual se estableció un descuento obligatorio del 2% sobre la masa salarial de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad. Y el tercero, acceder a toda la documentación vinculada a un préstamo de $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), incluyendo resoluciones, actas, movimientos bancarios y registros internos.
Estos elementos son considerados claves para determinar si los fondos se aplicaron efectivamente a la mejora del sistema de salud militar o si fueron desviados hacia contratos irregulares y circuitos opacos.
La maniobra para frenar el secuestro de pruebas
El día de la diligencia, el personal judicial y los agentes de la Policía Federal se encontraron con una resistencia inesperada. El director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Augusto Guruciaga, sostuvo que toda la información estaba digitalizada y que reunirla llevaría “al menos cuatro días”. Bajo ese argumento, no se permitió el secuestro de discos duros ni la clonación de servidores, elementos que habrían garantizado la integridad de la evidencia.
Como resultado, la Policía Federal se retiró sin documentación, dejando la investigación en una situación crítica. Para la fiscalía, esto representa una clara maniobra de obstrucción, destinada a dar tiempo para reorganizar archivos, depurar información sensible y, eventualmente, eliminar pruebas comprometedoras.
Contratos millonarios y servicios colapsados
En el centro de la investigación se encuentra un contrato entre el IOSFA y la droguería Suizo Argentina, que alcanza los $25.000 millones por semestre, con cláusulas de renovación automática. Lo llamativo es que, pese a este gasto descomunal, la obra social militar atraviesa una crisis inédita: falta de medicamentos esenciales, farmacias desabastecidas y hospitales que no logran cubrir las necesidades básicas de los afiliados.
Las denuncias apuntan a sobreprecios, falta de entrega de insumos y pagos adelantados sin respaldo documental. Además, existe otro contrato, por $50.000 millones, que refuerza la hipótesis de un esquema sistemático de desvío de fondos a través de proveedores privilegiados.
En paralelo, la Justicia busca determinar qué destino tuvo el préstamo de $40.000 millones del IAF, que oficialmente fue otorgado para modernizar hospitales y sistemas informáticos. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que esos recursos hayan sido aplicados a los fines declarados.
Un entramado político y militar
La investigación no se limita a irregularidades administrativas. Existen indicios de que parte de los fondos manejados por el IOSFA y el Ministerio podrían haber sido canalizados hacia actividades políticas, incluyendo posibles financiamientos de campañas electorales. Esta línea de investigación es particularmente sensible, ya que involucraría a actores de alto nivel dentro del gobierno y de la estructura militar.
El episodio también reveló tensiones internas. En el Congreso ya se presentaron pedidos de informes para que el Ministerio explique con detalle el uso de los fondos y los mecanismos de contratación. Mientras tanto, dentro de las Fuerzas Armadas crece el malestar por la falta de transparencia y por la sospecha de que recursos destinados a la salud de miles de familias militares podrían haber terminado en manos privadas o en la política.
Nuevas líneas de investigación
La fiscalía amplió su investigación a otros ámbitos. Uno de ellos es el pago de salarios a militares designados como docentes en institutos educativos, sin que existan constancias de que hayan dictado clases. Este esquema, según la denuncia, podría constituir una estafa millonaria sostenida durante años.
También se analiza el patrón de procesos de compra repetitivos con los mismos proveedores, lo que sugiere direccionamiento y acuerdos previos que violarían las normas de contratación pública. Se estima que durante la actual gestión se realizaron 105 procesos de compra por más de $100.000 millones, siendo el Ministerio de Defensa uno de los principales responsables de estos gastos.
El próximo movimiento de la Justicia
Tras el fracaso de la primera diligencia, la fiscalía prepara un nuevo operativo, esta vez con allanamiento pleno y sorpresivo, que permita secuestrar documentación física y digital sin previo aviso. Entre las medidas previstas se incluyen la clonación de servidores, el levantamiento del secreto bancario de funcionarios y proveedores, y la inhibición general de bienes de los imputados.
También se evalúa la citación como imputado al ministro Luis Petri, junto con directivos del IOSFA y autoridades del IAF. Si se confirma que durante el procedimiento anterior se retuvo o eliminó información, podrían sumarse cargos por encubrimiento agravado.
Un escándalo en gestación
El caso tiene el potencial de convertirse en uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la defensa nacional. No sólo por la magnitud de los montos involucrados, sino por la resistencia institucional a entregar información y la posibilidad de que fondos públicos destinados a la salud de las Fuerzas Armadas hayan terminado financiando redes políticas y campañas electorales.
Mientras la Justicia se prepara para avanzar, el Ministerio de Defensa enfrenta su momento más crítico. La pregunta ya no es solo qué pasó con esos recursos, sino hasta dónde llegan las responsabilidades y quiénes están dispuestos a proteger la verdad.
La entrada Defensa en la mira: el allanamiento frustrado que sacude a Luis Petri y revela una red de corrupción en el IOSFA se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).
