El Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba resolvió esta semana hacer lugar a una acción de amparo colectiva contra el programa Incluir Salud y el PAMI, y ordenó a ambos organismos normalizar y garantizar la continuidad de los pagos correspondientes a prestaciones básicas de salud destinadas a personas con discapacidad que perciben pensiones no contributivas.
La sentencia, firmada por el juez federal Miguel Vaca Narvaja, pone fin a un conflicto que se arrastraba desde finales de 2025, cuando comenzaron a registrarse demoras e irregularidades en la cadena de pagos vinculadas al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante el proceso, el magistrado constató atrasos de hasta cinco meses en el pago de servicios ya prestados por hogares, centros de día y profesionales que brindan asistencia a personas con discapacidad, situación que generó preocupación entre prestadores y familias afectadas.
En su resolución, Vaca Narvaja sostuvo que el Estado no puede ampararse en cuestiones presupuestarias para incumplir obligaciones esenciales hacia un sector especialmente vulnerable de la población. Además, advirtió que la persistencia de estas irregularidades podría derivar en responsabilidades civiles e incluso penales para los funcionarios involucrados.
La acción judicial fue impulsada por la abogada Marta Lastra, referente de Defendamos Córdoba en materia de discapacidad. Al tratarse de un amparo de alcance colectivo, la medida beneficia a miles de personas que se encuentran en la misma situación, más allá de quienes promovieron la demanda.
El fallo también establece que los mecanismos administrativos y las políticas de control fiscal no pueden afectar la continuidad de tratamientos y servicios de salud indispensables, por lo que ordena la inmediata regularización de las prestaciones y el mantenimiento de los pagos de manera sostenida.
