Por Stéphani Malen
Desde México
En Loma de Bácum, comunidad ubicada en el estado de Sonora, al noreste de México, el calor seco del desierto hace vibrar el horizonte. El aire quema, y aun así, algo en el paisaje parece en calma. En esta tierra, los ríos están secos, convertidos en grietas profundas que cruzan el suelo como si fueran venas dormidas. Pero no están ausentes: el río Yaqui sigue vivo, su presencia se percibe en la vegetación que marca su cauce y en la memoria de quienes caminan por estas tierras. El desierto no está vacío: es un cuerpo que guarda memoria.
Cada sendero, cada palmo de arena, cada arbusto parece susurrar historias que no están escritas. La identidad del Pueblo Yaqui se lee en su manera de nombrar el río homónimo: no como un pasado perdido, sino como un presente vivo. Escuchar ese territorio es también escuchar el agua que aún corre y que marca el recorrido de sus vidas. La Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (Anavi) se realizó los días 18 y 19 de octubre en la comunidad de Loma de Bácum, en territorio yaqui. Bajo una estructura sencilla se levantó el espacio donde, entre el sol y la palabra, se sucedieron mesas de trabajo, plenarias y fogones encendidos.
Convocada por el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reunió a comunidades de todo México —yaquis, rarámuris, mixes, tzeltales, nahuas, mazatecos, purépechas, otomíes, totonacos, ñuu savi—, organizaciones y colectivos de 17 estados, junto a compañeras y compañeros de América y Europa, que compartieron denuncias, experiencias y estrategias de lucha frente a los proyectos extractivos que los despojan de su territorio.
“Si no hay agua, no hay siembra. Si no hay agua, no hay vida”
La voz de Higinio Ochoa, integrante del Consejo de Aguas del Heroico Pueblo de Loma de Bácum, resonó con una claridad particular. Su testimonio condensó décadas de lucha. Recordó cómo, en 2016, su comunidad logró detener el gasoducto de la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy, que pretendía atravesar el territorio sin consentimiento. “Esta tierra tiene quien la defienda”, dijo.
Pero ahora la amenaza es otra: el agua. Higinio explicó que el llamado “Plan de Justicia Yaqui”, impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una reparación histórica, trajo nuevas tensiones al territorio. Ya habían logrado frenar el gasoducto, pero ahora el problema es el río Yaqui. Su cauce se extinguió poco a poco por las represas construidas aguas arriba —se trata de tres: Álvaro Obregón, conocida como Oviáchic; Plutarco Elías Calles o El Novillo; y La Angostura—, que retienen el bien común que debería abastecer a los pueblos. Aunque el gobierno nacional —ahora en manos de Claudia Sheinbaum, integrante del partido Morena de López Obrador— prometió garantizar el abastecimiento mediante un acueducto y la creación del nuevo distrito de riego 018, ambas obras fueron abandonadas.
“Muchos están cayendo en el despojo en contra de sus propios hermanos, todo esto por un cheque”, denunció Ochoa y precisó que el decreto emitido por Lázaro Cárdenas —presidente mexicano entre 1934 y 1940—, que reconocía a la tribu la propiedad del 50 por ciento del caudal del río, fue modificado. Ahora, el Pueblo Yaqui depende de una concesión y de un nuevo organismo federal: la Comisión Jiaki del Agua. De todas maneras, mantiene su propio control del recurso y procura que el reparto sea gratuito para la comunidad.
Sin embargo, cada tanto, un camión cisterna de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) debe recorrer las casas y llenar tanques para las familias. En Loma de Bácum, el agua no corre por los canales, sino que se espera bajo el sol. “El agua no es de la Conagua, es del pueblo”, reivindicó Higinio, y su frase se sintió como una sentencia.
Frente a la marginación del Estado, el pueblo decidió organizarse. Por acuerdo de asamblea, conformaron el Consejo de Aguas, un espacio autogestivo que se encarga de limpiar los canales antiguos, reparar la infraestructura abandonada y asegurar el agua para la siembra de los cultivos agroecológicos. “Si no hay agua, no hay siembra. Si no hay agua, no hay vida”, sintetizó Higinio. El trabajo es colectivo, sostenido con recursos propios y con apoyo de productores locales. “El agua está en nuestras manos —confió—, vamos a revivir el río Yaqui.”
Organización por el agua frente a las multinacionales
La promesa del vocero del Pueblo Yaqui no suena a consigna, sino a tarea. En su voz hay una claridad que atraviesa generaciones: “Pueblos del mundo, hay que levantar la voz. Esto será para los que vienen después de nosotros”. Bajo el sol del desierto se tejieron otros relatos de pérdidas y de resistencia. Desapariciones, procesos judiciales, contaminación y una certeza compartida: la defensa del agua es la defensa de la vida. Y también una misma convicción: los megaproyectos no traen vida, sino despojo.
Las voces denunciaron que detrás de los planes de “justicia” y de “progreso” impulsados por el gobierno de Sheinbaum y respaldados por el ex presidente López Obrador se esconden nuevas estrategias del Estado para dividir a los pueblos y abrir paso a gasoductos, minas y obras que secan los ríos y envenenan la tierra. Se habló del llamado “Plan México”, presentado por la presidenta en octubre ante empresarios del Foro Económico Mundial, como “una maquinaria que convierte al país en una fábrica tóxica al servicio del capital”.
Las voces también apuntaron hacia los verdaderos responsables. En cada intervención se fueron nombrando las empresas que han hecho del agua un negocio y del territorio una herida: Constellation Brands, Bonafont–Danone, Nestlé, Coca-Cola, Grupo México, Minera del Occidente del Pacífico, Grupo VAZ, Fisterra Energy y Abengoa, entre otras. Se denunció la complicidad de los tres niveles de gobierno y de instituciones como la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que con sus permisos y omisiones han permitido la privatización del agua.
Entre esas voces estuvo la de Faustina, una mujer nahua del estado de Puebla. “Tenemos que seguir participando y organizándonos para que el gobierno y las empresas no sigan con todo esto. Esto no acaba aquí, esto continúa”, sostuvo la mujer que participó de la organización Pueblos Unidos en la región de Cholulteca, que, en 2021, logró cerrar la planta de agua Bonafont-Danone por los sobreexplotación de los recursos hídricos. Y aún resisten su reinstalación.
Desde Baja California, en el norte mexicano, llegó Silvia a hablar también del agua, pero como frontera y lucha. Recordó el movimiento que, tras tres años de resistencia, logró expulsar a la empresa Constellation Brands —empresa estadounidense productora de cerveza, vino y licores— de la ciudad de Mexicali. “Nos decían que no lo íbamos a lograr —recordó—, pero sí se pudo. Es un ejemplo para toda la gente: sí se puede quitar a una empresa gigantesca”. Ella agradeció a los movimientos que han abierto camino y sostuvo que cada triunfo es un mensaje para los pueblos del sur: “Que sepan en Argentina, y en todo el continente, que la organización sí puede vencer al poder empresarial. Que no estamos solos”.
Antes de despedirse, dejó un mensaje que cruzó el continente: “Lo más hermoso que he visto es la solidaridad, la hermandad entre los pueblos. Es esa unidad, el amor entre los pueblos, especialmente con el pueblo Mapuche, lo que nos da fuerza. Es el abrazo que necesitamos para seguir luchando”. Para los pueblos, el agua no solo se defiende, se honra. En ella habita la memoria de la tierra y la sabiduría de los ancestros. “Defender el agua es defender la vida”, insistieron y la frase resonó como una plegaria bajo el sol del desierto.
Edición: Nahuel Lag.
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