Por Ana Chayle
Desde Andalgalá, Catamarca
El gobierno de Catamarca no podrá emitir nuevas autorizaciones para el avance del proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera), en Andalgalá. Se debe a una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que puso en la mira internacional al Estado argentino, en el marco de la denuncia por sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los vecinos que se oponen al emprendimiento extractivo. La novedad judicial implica, además, que los vecinos andalgalenses ya no litigarán con el gobierno provincial, sino directamente con Cancillería de la Nación.
La demanda internacional se enmarca en un reclamo que cumplió 15 años contra la explotación minera en la cuenca del río Andalgalá. Vigilancia, armado de causas judiciales, detenciones arbitrarias y represiones son algunos de los hechos denunciados que, junto con la negación de justicia, determinaron la presentación de los vecinos ante el organismo interamericano.
Implicancias del avance judicial
El requerimiento de la CIDH al Estado argentino implica que el gobierno de Catamarca “no puede autorizar nuevos trabajos en el yacimiento minero Agua Rica”, afirma Mariana Katz, representante legal de la Asamblea El Algarrobo, impulsora de la demanda internacional. En diálogo con Tierra Viva, la abogada explica que “técnicamente, la provincia de Catamarca pierde la potestad o la posibilidad de tomar decisiones sobre lo que pase con el yacimiento Agua Rica, porque al haber una demanda internacional cualquier acción que realice la provincia de Catamarca va a tener una repercusión directa en el reclamo internacional y, por lo tanto, las acciones que realice la provincia van a recaer en la responsabilidad internacional del Estado argentino”.
Además, la internacionalización de la causa supone un cambio sustancial de los actores del pleito. Debido a esto, los vecinos de Andalgalá ya no litigarán con el Estado provincial sino con el Estado argentino, a través de Cancillería de la Nación. Katz explica que, al haber adoptado el país el sistema federal, “cuando hay un reclamo internacional, la división entre provincia, municipio y nación desaparece”. Por esto, “el sujeto que tiene que dar respuestas a la demanda internacional es el Estado argentino”, refiere.
La CIDH, creada en 1959 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforman el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH), que se inició formalmente con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Junto con otros tratados internacionales, esta declaración tiene raigambre constitucional en Argentina, por lo cual el Estado está obligado a cumplir con sus disposiciones.
Cómo sigue la demanda
Con la notificación al Estado argentino, el proceso internacional inicia la etapa de admisibilidad del reclamo. En un plazo de tres meses —prorrogable un mes—, Cancillería deberá solicitar los antecedentes del caso a todos los organismos estatales (fiscalías y juzgados, entre otros) involucrados en la causa. Con toda esa información, expone la abogada: “Cancillería va armar su propia estrategia judicial, en representación del Estado argentino”.
Una vez que el Estado presente sus observaciones, la CIDH evaluará la admisibilidad o no de la demanda, según una serie de criterios que tienen en cuenta la competencia del organismo sobre el asunto, el agotamiento de los recursos internos para canalizar el reclamo, el plazo de la presentación y la posible caracterización de violaciones a uno o más derechos consagrados en los tratados internacionales.
Con esa información, la CIDH elabora un informe de fondo, en el cual determina si el Estado es responsable por la violación a derechos y libertades consagrados en los tratados internacionales, y establece una medida de reparación. Si esto sucede y el Estado no cumple con la medida en el plazo establecido, Katz señala que “directamente la CIDH deriva la causa e inicia una demanda contra el Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Es decir, la causa se encarrilla por la vía contenciosa, que deriva en un juicio internacional y culmina con una sentencia.
Una “justicia” lenta y negada
Las movilizaciones para impedir la explotación del yacimiento Agua Rica tienen una larga historia en Andalgalá. Ya en la década de 1970 una revuelta popular logró frenar el proyecto, que entonces se promocionaba con el nombre “Mi Vida”. En 2009, el gobierno provincial arremetió nuevamente con el proyecto de explotación y lo autorizó a espaldas del pueblo. Nuevamente hubo movilizaciones en contra, que se acompañaron de un reclamo por la vía judicial. “El 19 de enero de 2010 presentamos un amparo colectivo”, recuerda Sergio Martínez, integrante de la Asamblea El Algarrobo. Sin embargo, la respuesta fue el silencio, primero, y la negación de justicia, después.
Transcurridos tantos años, la Asamblea y un equipo de abogados decidieron que “15 años de espera era tiempo suficiente”, comenta Katz, y el 6 de abril de 2024 presentaron una petición ante la CIDH. “El amparo es una acción constitucional y convencional, que tiene que ser expedita y, claramente, un proceso judicial para ir en contra de un emprendimiento minero que demore 15 años, no lo estaría siendo”, expresa la abogada.
Durante este peregrinar en busca de justicia, los vecinos hicieron numerosas presentaciones por vías administrativas y judiciales para pedir informes, y para denunciar irregularidades y violación de leyes y derechos. Sin embargo, señala Martínez, “no hemos obtenido ningún tipo de respuesta concreta por parte del Estado argentino”.
En todo caso, la respuesta fue la violencia institucional y estatal, que también ha sido denunciada ante el organismo internacional y que la Asamblea enumera en un comunicado: vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución, intimidación. Sólo para graficar algunos de esos hechos: 104 personas se encuentran judicializadas y se registran más de 200 víctimas por el conflicto.
Un peregrinar por la injusticia
El reclamo de Andalgalá llegó al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH) después de 15 años de buscar respuesta en los órganos judiciales internos. Katz hace un raconto desde la presentación del primer amparo en 2010; los reveses en los ámbitos judiciales de la provincia; los acampes que en 2014 y 2016 obligaron a los vecinos a trasladarse a las puertas de los tribunales porteños; la sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en 2016 y la trampa de la empresa para burlar esa sentencia cambiando el nombre al proyecto.
Después estuvo (y está) la complicidad del gobierno provincial que autorizó audiencias “públicas” durante la pandemia, que pretendían que vecinos de a pie leyeran más de 3000 páginas repletas de enrevesados datos técnicos en un cuarto de hora. Nuevas resoluciones oficiales autorizaron el ascenso de maquinaria y personal al yacimiento y distintas etapas de “exploración avanzada” que, según denuncia la Asamblea, constituyen autorizaciones encubiertas para la explotación del proyecto que hoy opera la trasnacional Glencore.
Apenas algunos días antes de la notificación de la CIDH, la Corte Suprema había rechazado un recurso extraordinario federal interpuesto por la Asamblea El Algarrobo y declaró abstracto el reclamo de los vecinos. En su comunicado, la Asamblea manifestó su decepción y declaró que “este fallo de la CSJN es apenas una muestra de cómo el Estado argentino desoye nuestro reclamo y vulnera nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y apto para la vida digna”.
Dos vías para una misma lucha
No es una mera casualidad que las caminatas en defensa del agua, que se realizan todos los sábados en Andalgalá, hayan nacido en el mismo mes y año en que se presentó aquel recurso de amparo que inició la marcha judicial para frenar la explotación de Agua Rica. “Es interesante en la lucha de Andalgalá ver cómo se construyó una sinergia entre el proceso judicial: la lucha en los papeles; y la lucha en las calles: las caminatas”, expresa Katz y agrega que esa combinación ayuda a entender “cómo después de tantos años el reclamo de Andalgalá sigue tan vigente”.
Martínez también resalta ese trabajo conjunto entre los vecinos que se expresan poniendo el cuerpo en las calles y el equipo de abogados que acciona por las vías judiciales. En la causa internacional, los abogados de la Asamblea, Mariana Katz y Juan Figueroa, están acompañados por sus pares Marcos Filardi, Juan Pablo Vismara y Gabriel Bicinskas, del Colectivo de Derechos Humanos Yopoi.
No es un camino fácil: “Hay mucho dolor, mucho sufrimiento en esta resistencia —reconoce Martínez— pero también mucho amor y mucha esperanza, porque si no hubiéramos tenido esperanza, seguramente hubiésemos abandonado este reclamo”. Sin embargo, ni las caminatas (que ya superaron las 800) ni las presentaciones administrativas o judiciales se detuvieron ni se detendrán, asegura Martínez.
Qué motiva tanta persistencia es la pregunta que sobrevuela y Martínez responde antes de escucharla. “Queremos seguir viviendo en nuestro pueblo: nosotros nacimos acá, vivimos acá y queremos morir acá” y agrega: “Queremos seguir conservando la biodiversidad, nuestra identidad cultural, los factores productivos amigables con la naturaleza”. En fin, resume: “Queremos conservar lo que somos y que nuestros hijos y nietos, es decir las generaciones futuras, puedan vivir en este pedacito del mundo igual a cómo nosotros lo recibimos”.
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