Por Oscar Soto
Desde Mendoza
Con una multitud al sol al grito de “¡el agua de Mendoza, no se negocia!”, puertas adentro, el Senado provincial discutió de manera rápida el proyecto de extracción minera que más lobby ha ejercido en las últimas dos décadas: el Proyecto San Jorge Cobre. La apuesta de Javier Milei y Alfredo Cornejo al modelo de despojo de los recursos naturales tuvo este martes un paso decisivo cuando el radicalismo, el PRO, Coalición Cívica y parte del bloque peronista, aprobó el inicio de la megaminería de cobre en el valle de Uspallata. Con una legislatura vallada y policías por todo el perímetro, como nunca antes sucedió, la confirmación del modelo extractivo en la provincia constituye un punto de inflexión. “No hay beneficio económico, estas leyes son paquetes exclusivos a medida de las mineras en contra del pueblo, que está acá manifestándose”, sentenciaba una asambleísta entre el millar de personas que siguieron el debate en la Plaza Independencia detrás del vallado que los separaba de la Legislatura.
El palacio de cobre
A partir de ayer, la minería metalífera a cielo abierto en la provincia ya no es solo una amenaza potencial: es una decisión política formalizada, una puerta institucionalmente abierta al avance extractivo sobre territorios históricamente protegidos por la movilización social. El paquete de leyes aprobado obtuvo media sanción en Diputados el 26 de noviembre pasado e incluyó además: el permiso para la exploración de 27 proyectos en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) II —dando vía libre a un protocolo para actuar en ambientes periglaciares—, un Fondo de Compensación Ambiental —que bajo el pretexto del resguardo ecológico, opera como un salvataje del Estado hacia los privado— y una Ley de Regalías —que dejará a las provincia el 3 por ciento, como ocurre desde la década del noventa—.
Mientras en el recinto se sucedían discursos grandilocuentes sobre “desarrollo”, “empleo” y “progreso”, —como viene ocurriendo desde hace más de una década— afuera persistía el mismo ruido incómodo: el agua, los riesgos de contaminación, las comunidades afectadas, la fragilidad ecológica de Uspallata y de toda la cuenca. Más de un millón y medio de personas, 3 de cada 4 mendocinos, toma agua que viene del acuífero Uspallata, conectado al río Mendoza y a su vez articulado hidráulicamente al Tunuyán inferior.
Se trata de la mayor cuenca provincial que da vida a la actividad productiva y permite sostener el consumo humano de los que habitan el oasis del norte provincial. El peligro del drenaje ácido de las futuras escombreras y el depósito de colas pone a las aguas subterráneas en la mira de estos metales pesados. La otra mira, la del gobierno provincial quedó en voz de la vicegobernadora Hebe Casado —que ayer no presidió la sesión del Senado porque Cornejo estaba reunido en Casa Rosada con el “Consejo de Mayo”—.
“Estamos cambiando la historia de Mendoza”, celebró eufórica, la misma funcionaria que dijo que la 7722 había sido “un invento estúpido de los mendocinos”, aseguró que todo “se está haciendo dentro de la 7722” —debido a un fallo de la Corte Suprema que declaró constitucional la norma, pero habilitó el uso de “otras sustancias” como el xantato, que se utilizará para la minería de cobre— y que hay “licencia social” porque la votación en la Cámara alta salió 29 a 6 para el Proyecto San Jorge.
La sesión que aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto San Jorge (PSJ) —que será operado por la firma suiza ´Zonda Metals GmBH´ con sede financiera en Malta y Chipre— estuvo cuidadosamente planificada. Los votos ya estaban contados antes de que comenzara el debate. Mientras las voces de senadores críticos desfilaron como la inercia de un ritual (democrático) que para el gobierno ya no es relevante, el oficialismo y sus aliados exhibieron una imagen de gobernabilidad que, en realidad, esconde otra cosa: se ordenan las piezas para una reprimarización acelerada de la provincia cuyana.
Salvo escasas excepciones, al interior de la cámara predominó el aval al proyecto. De los 6 votos en contra, fue el del senador Gerardo Vaquer uno de los pocos que mencionó la violación flagrante del proceso: como el incumplimiento al artículo 4 de la Ley 7722, que ordena la consulta a todos los municipios que comparten una misma cuenca para un proyecto de alto impacto como este, lo que expone la irregularidad del procedimiento, a pesar de los dichos de la vicegobernadora.
No fue suficiente la denuncia de los que se oponen, en el recinto lo que abundó fue el alegato de “seguridad jurídica” y las “señales al mercado” a tono con el discurso del presidente Milei. Y esas señales fueron claras: legisladores radicales, libertarios, PRO, y también senadores peronistas del sur de la provincia, que antes rechazaron el proyecto en Diputados, dieron respaldo.
La calle en defensa del agua
De sur a norte, desde arriba en la cordillera hasta los valles, del este al centro, largas movilizaciones recorrieron la provincia hasta el Nudo Vial y luego hacia una Plaza de Independencia vallada por la Policía para mantener a la gente a distancia de los legisladores. Pacientes, conmovidos, indignados, los autoconvocados y las Asambleas del Agua Pura de Mendoza volvieron a conectar cada punto de la provincia en defensa del agua.
Con los ojos fijos en el tumulto, observando las vallas policiales y la Legislatura de fondo, Lilian Tapia, asambleísta de San Rafael, respiró hondo y habló con optimismo a pesar de lo que era una aprobación cantada: “Esto es una fiesta, nosotros salimos a las 6 de la mañana de la rotonda del Cristo en San Rafael, nos fuimos encontrando con gente que venía de Malargüe, de San Carlos, Uspallata… no podíamos llegar, tuvimos que rodear varias manzanas porque está lleno de policías. Parece que adentro tienen miedo, quieren conseguir la licencia social a fuerza de armas… pero no vamos a entregar el agua”.
“No se trata solo de Uspallata”, advierte Tapia, que como las asambleas vienen denunciando es la punta de lanza de la megaminería, y recordó que la aprobación de 27 proyectos para Malargüe Distrito Minero Occidental II, se suma a los 34 proyectos aprobados a fines de 2024, mientras que ya fueron publicados por la Dirección de Minería otros 71 proyectos para la tercera etapa del proyecto para explotar el sur provincial.
“Son leyes que bajan regalías, que crean fondos de compensación para que cuando las mineras contaminen y se vayan, seamos los mendocinos los que nos hagamos cargo de esto. No hay beneficio económico, estas leyes son paquetes exclusivos a medida de las mineras en contra del pueblo que está acá manifestándose”, describe Tapia en una plaza que no parece dar licencia social.
Al igual que el sur mendocino, la ruralidad del Valle de Uco vuelve a presentar batalla cuando las mineras contraatacan. Carla Corvalán, vecina autoconvocada de Tunuyán, dice que hay un problema de legitimidad social y política: “Vengo de la cuna de la lucha por el agua pura, con los parientes, las caminatas, los acampes. Creo que hay algo que no se entendió: más allá da las elecciones, de quienes ganan una votación, el agua en Mendoza no tiene una discusión partidaria”. La vecina de Tunuyán responde también a los argumentos del “desarrollo”: “La matriz productiva puede crecer y de otra manera, la minería no es el camino porque sabemos de qué se trata“.
Sucede que la incisión de 1700 metros de largo y unos 950 de ancho que prevé abrir PSJ en el cerro San Jorge, es solo la muestra de miles de orificios que pretenden hacer de la cordillera mendocina un colador frenético. Quienes se manifiestan contra la decisión histórica de este martes lo saben y repasan otros proyectos que ya se escuchan con intenciones de avanzar: en San Rafael se busca la exploración de litio, desde las Salinas del Diamante hasta Malargüe; se habla de la reapertura de Sierra Pintada, en la cuenca del Río Diamante, a pesar de que un fallo de la Corte Suprema, en 2010, ordenó remediar los pasivos ambientales. También hay proyecto en la cuenta del Atuel.
Celeste Medina caminó desde Potrerillos junto un grupo de vecinos para expresar su preocupación y decir que saben lo que ocurre a pesar del bloqueo mediático provincial: “Todo lo que nos enteramos es por vecinos y vecinas en el boca a boca, por las redes sociales. Salvo por los medios comunitarios o medios alternativos hay un bloqueo muy descomunal”, denuncia.
El otro parlamento afuera del vallado, el de las asambleas, aglutinaba ciudadanos de a pie, sin micrófonos oficiales, sin tiempos reglamentados, sin promesas de inversión. Las voces que históricamente advirtieron sobre los riesgos del Proyecto San Jorge no desaparecieron con la sesión legislativa; al contrario, fue posible verlas marchar mientras se reconocían en la provisoria derrota.
Frente al Estado minero, renovar la resistencia
“Esto no se termina con una votación”, repetían asambleístas de Uspallata, Guaymallén, San Carlos, Las Heras y el Gran Mendoza. La frase circulaba como consigna, pero también como diagnóstico político. Lo que se votó fue una pieza administrativa, no la aceptación social. Para quienes llevan años organizándose, caminando, marchando y sosteniendo asambleas abiertas en plazas y rutas, la aprobación no clausura la pelea por el agua.
Ese fue el consciente colectivo que unificó, a las 18.30, un contingente incontable de vecinos que se reunió a deliberar en el centro de la ciudad. De a poco, miles salieron de sus casas a hacer ruido, a ratificar lo obvio: no negociamos nuestro acceso al agua. Los problemas que el proyecto presenta, desde el balance hídrico —con datos perimidos de 2008, hasta la censura de los dictámenes técnicos del Conicet-Mendoza—, que advierten sobre el riesgo de derrames de metales pesados —como el arsénico, el plomo o el cadmio que amenazan las redes tróficas y el agua— dan cuenta de una presión política no solo provincial.
“Intentan convertirnos en una zona de sacrificio, una provincia extractivista es una provincia que no puede tener tres millones de habitantes. En el resto de zonas áridas de Argentina, donde el agua significa administrar la escasez, no vas a encontrar otras ciudades así de grandes. Si le das el agua a las mineras, muchas personas van a tener que migrar, irse a vivir a la villas miserias de otras grandes ciudades o resignarse a que su barrio no va a tener acceso al agua de red, que van a tener que pagar para comprar agua de camiones”, alerta Lautaro Giménez, exlegislador del PTS en la provincia.
Y agrega: “Lo que está en disputa es el sentido de la ruralidad y de la urbanidad. Acá hay un poder constituyente de la gente en la calle, que defiende el derecho al agua y un poder político que ve la oportunidad de un negocio fenomenal. Esta lucha recién empieza, pero va a seguir con los glaciares, con la 7722, con los humedales. Nos tiene que encontrar cada vez más unidos y con más fuerza”.
La pregunta ahora es ¿cómo se sigue? ¿qué vías de interpelación se generan colectivamente, frente a la coerción y la entrega de los bienes comunes? “La presión popular va a continuar y también están previstas presentaciones de cautelares judiciales para evitar que estos proyectos avancen”, anticipa la asambleísta de San Rafael. Entre las asamblea espontánea que surge en las calles del centro Miguel Mayhuay, residente mendocino emigrado hace años del Perú, propone un ejercicio de memoria social: “Solo el pueblo manifestándose puede torcer la soberbia de estos dirigentes”. Ya ocurrió en Mendoza, con la histórica marcha de 2019, que logró revertir la “Ley Cianuro”, con la que el ex gobernador Rodolfo Suárez intentó voltear la Ley 7722.
Eduardo Sosa, titular de la organización ambiental Oikos y ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Ambiente en la primera gestión de Cornejo, publicó un mensaje tras la movilización de ayer en el que destacó la presencia de miles de personas hasta altas horas de la noche. “Hoy nos fuimos con una derrota, pero también nos encontramos en la calle y pudimos sentir el miedo de la política”, analizó y planteó el largo camino que la empresa tendrá hasta poner en explotación el proyecto: “debe presentar estudios, planes de trabajo, constituir un seguro ambiental y obtener todos los permisos para después acceder al financiamiento real del proyecto para iniciar la construcción. Eso puede llevar más de 2 años. Y recuerden que la aprobación tiene una vigencia de dos años, así que para diciembre de 2027 (nuevas elecciones a gobernador y a presidente) estaremos discutiendo la actualización de esa aprobación administrativa”.
“No hay traición por parte del poder político, forman parte del lobby minero, lo hemos pasado con gobiernos justicialistas y lo pasamos ahora. Lo que se dirimió en el Senado estaba cantando. Lo que hay que ver es la importancia del agua en Mendoza y su defensa, que también es transversal. La gente se movilizó a pesar de todo el amedrentamiento. Ayer nos quedamos con gusto agrio por la aprobación de la megaminería por parte de las instituciones y un gusto dulce por la gesta sanmartiniana que movilizó a toda la provincia desde el llamado de Uspallata. Nos queda mucho por hacer, ver cómo organizamos esta rabia y seguimos en las calles y también desde lo legal”, sintetiza María Teresa “Guni” Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.
La masividad de la protesta fue creciendo durante todo el día. La defensa del territorio es una linda manera de explicitar los vínculos comunitarios, las propuestas de otra economía regional. Lo que ocurrió no se agota en Mendoza. Este presente de lucha resuena en San Juan, en La Rioja, en Catamarca y en toda la franja cordillerana. Los límites pueden ser corridos si el contexto político lo permite, como el huracán minero que encabezan los gobiernos de Cornejo y Milei. Sin embargo, la movilización en las calles del centro de Mendoza dice otra cosa sobre el futuro: vendrán judicializaciones, movilizaciones nuevas y nuevas alianzas sociales. La conflictividad volverá a ocupar las calles y las rutas de montaña. San Jorge fue aprobado en el Senado, pero la licencia social sigue vacante. Mientras esa ausencia persista, ninguna votación desde arriba podrá cerrar el conflicto que sutura desde abajo.
Edición: Nahuel Lag
La entrada Megaminería en Mendoza: entre el palacio y la calle, el extractivismo o el agua se publicó primero en Agencia de Noticias Tierra Viva.
