Magnera, Ilva, Kimberley Clark y Kenvue en el Parque Industrial de Pilar despiden a 1000 trabajadores. Cierre de Algodonera Avellaneda y Acindar
Los trabajadores están en la lona, entre despidos y cierres de empresas. Actualizado al 15.10.2025
Por Mario Hernandez
Trabajadores de forestadora Tapebicuá firmaron acuerdo y levantan el acampe en Virasoro
Tras más de 60 días de conflicto, los trabajadores y la forestadora Tapebicuá, ubicada en la localidad correntina de Virasoro, lograron firmar un acuerdo que pondrá fin a las medidas de fuerza. La información fue confirmada por la ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur.
“Hoy mismo se levanta el acampe, hoy mismo la empresa se comprometió a hacer los primeros depósitos conforme el convenio, y el lunes se reactivan los operarios a la empresa”, aseguró la ministra.
Además, la funcionaria señaló que “todo el procedimiento administrativo, se está realizando con habilitación de días y horas, a efectos de dejar homologado el convenio y darle seguridad jurídica a las partes”.
El pacto alcanzado implica el levantamiento inmediato del acampe en inmediaciones de la empresa y los cortes de la Ruta Nacional N° 14, que generaron complicaciones en el tránsito regional.
El abogado que representa al sector trabajador, Sebastián Costa, confirmó que la medida es de carácter “provisorio” y abarca a la totalidad de los empleados involucrados en el conflicto.
Según el letrado, los principales términos del acuerdo son:
Jornada reducida: Los trabajadores realizarán jornadas laborales de cuatro horas diarias, a partir del lunes.
Salario: Percibirán el 60% del salario mientras dure la medida provisoria.
Deuda salarial: Se saldará el medio aguinaldo adeudado a los empleados, que se pagará en tres cuotas.
Pagos quincenales: Se adelantó que los trabajadores recibirán pagos “cada 10 días”.
El abogado Costa destacó el fin del conflicto como una muestra de que “cuando todos hacen su parte, podemos llegar a un acuerdo”, luego de la extensa pulseada entre la empresa y los empleados.
Conciliación Obligatoria en la Huelga Nacional Aceitera
A pedido de las Cámaras patronales, la secretaría de Trabajo de la Nación dictó la Conciliación Obligatoria con vigencia por 15 días hábiles en la Huelga Nacional Aceitera decidida por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, que debía comenzar el miércoles 8 de octubre.
La medida de fuerza se había tomado ante lo que las organizaciones gremiales calificaron como “respuesta insuficiente y provocadora de las Cámaras patronales al reclamo paritario presentado”, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición constitucional y legal.
Las organizaciones indican que este salario debe asegurar a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión, y su valor actual es de 2.344.728 pesos.
Los sindicatos agregan que la conciliación dictada de forma exprés por la cartera laboral ante la solicitud realizada por las Cámaras patronales establece la vigencia de la Conciliación Obligatoria por 15 días hábiles y una audiencia para el próximo martes 14 de octubre.
“Nuestras organizaciones gremiales, la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo, continuarán defendiendo el derecho de todas las trabajadoras y trabajadores aceiteros al Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”, finalizaron.
Ataque a la Federación Aceitera
La sede nacional, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, recibió un ataque intimidatorio, con el ingreso de personas que intentaron llegar al despacho del secretario general. El hecho se da en el momento en que comienza la paritaria nacional y además el gremio se viene movilizando contra las políticas del gobierno nacional.
Reproducimos comunicado de la comisión directiva de la Federación Aceitera y Desmotadora.
La sede de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) fue atacada el fin de semana del 4 y 5 de octubre cuando desconectaron la energía del edificio, rompieron la puerta de acceso exterior, luego una segunda puerta interna y fueron directo hasta la oficina del Secretario General, Daniel Yofra. Para ingresar allí rompieron otras dos puertas y en ese momento fueron interrumpidos, resultando detenida una persona.
El hecho demuestra planificación, conocimiento de la disposición interna de la sede sindical y, al mismo tiempo, un completo desinterés por el robo de objetos de valor. En la oficina del Secretario General sólo hay libros, una cafetera y elementos de oficina.
El asalto fue perpetrado en un momento histórico donde desde hace dos años vivimos una constante ofensiva contra el salario, los derechos laborales y las organizaciones sindicales de la clase trabajadora argentina, tal como lo advertimos oportunamente en 2023.
Y donde se acumulan los ataques directos contra la dirigencia sindical, social y política con persecución, amenazas y detenciones.
Es en este contexto que ocurre este hecho contra nuestra organización gremial, que lucha en un sector que es clave en la economía nacional, que está en el primer plano de la agenda política y mediática y en el exacto momento en que inicia la paritaria aceitera.
Por todas estas razones señalamos la gravedad de lo ocurrido, exigimos a las autoridades de los gobiernos y las carteras de seguridad nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se brinden todas las garantías para la integridad personal y el ejercicio de la actividad gremial, y reclamamos el inmediato esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales del asalto a nuestra organización.
Comisión Directiva
Algodonera Avellaneda: denuncian “lock out patronal”
Crecen las deudas, las autoridades ni siquiera pagan la luz y la planta de Reconquista seguirá cerrada por tiempo indefinido. Advierten que la acción patronal es “ilegal” y representa un “hecho de extrema gravedad”.
En medio de la crisis que atraviesa el sector textil como consecuencia de las políticas del presidente Javier Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro, la empresa Algodonera Avellaneda no reabrió las puertas de su planta Hilandería y Tejeduría el lunes pasado y sus 300 empleados permanecen en alerta luego de que los directivos frenaran la producción.
Las autoridades de la compañía perteneciente al grupo Vicentín, radicada en el Parque industrial de Reconquista, decidieron paralizar las actividades productivas el pasado 29 de septiembre: si bien indicaron que el cierre sería solo por una semana, en la audiencia judicial que se realizó el pasado viernes, los directivos “blanquearon” ante el juez y las partes que tampoco se retomaría el trabajo en los próximos días.
La compañía atribuye la paralización a la “crisis de la empresa agravada por la condición del sector textil nacional” y al “exceso de stock” de sus clientes. El deterioro operativo es severo: según un informe del síndico, la producción se desplomó de 800.000 kilos a menos de 200.000 en el transcurso del año, trabajando a menos del 25% de su capacidad en los últimos dos meses.
El pasivo post concursal no deja de crecer: la deuda con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) asciende a casi $2.000 millones, sin contar los montos adeudados a otras proveedoras de energía en Chaco y Santiago del Estero. A su vez, el atraso en el pago de las indemnizaciones por despidos alcanza los $274 millones. Entre junio y julio, la compañía despidió a 41 trabajadores, mientras que en agosto echó a 30 empleados más. La mayoría de los trabajadores de la firma santafesina tienen entre 15 y 34 años de antigüedad y estaban bajo el Convenio colectivo de trabajo del gremio de Empleados Textiles, Setia.
Ante el cierre sorpresivo, la Asociación Obrera Textil (AOT), liderada por Juan Carlos Bandeo, denunció la acción patronal ante el ministerio de Trabajo provincial como un “lockout patronal” y lo calificó de “ilegal” y “hecho de extrema gravedad”. Bandeo sostuvo que la situación está “cada vez más complicada” y los delegados gremiales pidieron garantías para el pago de salarios y la continuidad de los puestos.
El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, confirmó el diagnóstico: “No hay materia prima y tampoco tantas órdenes de producción. No se justifica poner todo en marcha”. El funcionario señaló que la estrategia de la empresa es “juntar volumen” antes de un eventual reinicio, una posibilidad que se ve lejana por la sobreoferta vinculada a la crisis económica y la apertura de importaciones.
Algodonera Avellaneda atraviesa “una situación muy complicada”
El viernes 3 de octubre, el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, convocó a una audiencia de seguimiento crucial para analizar la viabilidad de la compañía. Participaron la sindicatura, acreedores, delegados gremiales y el ministro de Trabajo provincial. El magistrado, que busca un “plan de subsistencia” para la algodonera, exigió al directorio la presentación de información financiera detallada.
Una de las decisiones más importantes fue la prórroga de la orden que prohíbe a las empresas proveedoras de energía interrumpir el suministro, a pesar de la millonaria deuda. Esta medida, ahora sin plazo, es vital, ya que un corte provocaría el “colapso operativo con graves implicancias sociales”.
El tema del pago de sueldos fue uno de los puntos más sensibles abordados según consta en el acta, se expusieron retrasos acumulados, ya que la empresa reconoció que no cumplió con el pago completo de los sueldos correspondientes al mes de septiembre, y que aún se adeudan montos de agosto en algunos casos.
En el frente productivo, la empresa reconoce que la paralización está vinculada al exceso de stock en sus clientes. En julio, la firma produjo 253.938 kilos de hilos y 99.309 kilos de telas, pero actualmente no hay actividad en la línea de producción. La facturación de ese mes fue de $2.684 millones, aunque la tendencia es descendente desde abril, mientras el pasivo postconcursal continúa creciendo, con deudas a proveedores, seguridad social y, especialmente, con la Empresa Provincial de la Energía.
No hay ninguna certeza de reapertura, porque la compañía no tiene materia prima, quedó un solo fasonero interesado (de baja escala) y abunda la materia prima por la sobreoferta vinculada con la crisis del sector textil, golpeado por la situación económica y, especialmente, por la apertura de las importaciones dispuestas por el Gobierno nacional.
Se desarrolló el paro nacional docente
Por Guillermo Lavecchia
El martes se llevó a cabo en todo el país un paro nacional docente por 24 horas, que tuvo su epicentro en la Marcha Federal Educativa que comenzó a la mañana en el Congreso de la Nación.
La Confederación Nacional (con enorme presencia de CTERA) convocó al paro y a la Marcha Federal Educativa para “denunciar el ajuste y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional en la Educación Pública”. Bajo el lema “La Escuela enseña y construye esperanza”, la jornada arrancó frente al Congreso de la Nación, a partir de las 10:00, para luego marchar y llegar al Palacio Pizzurno a las 12:00.
Las y los docentes exigen nueva Ley de Financiamiento Educativo, Restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), convocatoria a Paritaria Nacional, aumento del Presupuesto para Educación y defensa de la Jubilación Docente.
“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, expresó el gremio en un comunicado.
Sin FONID, docentes sin plata
La decisión de Milei de eliminar el FONID (creado en 1998 y vigente hasta enero de 2024) significó millones de pesos menos en los bolsillos de las y los docentes bonaerenses. Según cálculos de SUTEBA, en el caso de los maestros bonaerenses, para quienes tienen un cargo, fueron 2 millones de pesos menos en poco más de un año y medio. Y para quienes tienen dos cargos o 20 módulos, llegó hasta 4 millones.
“Con eso nos podríamos haber comprado una heladera, un lavarropas y una cocina, o haber cargado 1578 litros de nafta”, denunciaron.
“Esto es un golpe directo al salario de las y los trabajadores, que se traduce en peores condiciones materiales para ejercer la docencia y un empeoramiento de las condiciones de vida de nuestras familias, añadieron. Desde SUTEBA seguimos denunciando que el ajuste del Gobierno Nacional se hace a costa de la Educación Pública y la Comunidad Educativa”.
Las y los maestros deben enfrentar diversos conflictos que los atraviesan. El primero, excluyente, es el salarial, y la pérdida que sufrieron en casi dos años. También el crecimiento de problemas de salud mental entre la población docente. Y el pluriempleo.
Según datos aportados por el Observatorio Argentinos por la Educación, 3 de cada 10 docentes de primaria trabajan en más de una escuela. “El 30,5% de los docentes enseñan en dos o más escuelas: la cifra es muy superior al promedio de América Latina (11,4%)”.
Sin 6% del PBI para Educación
El Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno incluye más recortes a Educación. El artículo clave para analizar la faceta educativa es el 30. Y allí aparece una palabra que supo repetirse en la denominada Ley Bases: “derógase”.
Al mirar en detalle, ese artículo 30 propone derogar las siguientes disposiciones legales:
a) El artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias;
b) Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación;
c) El artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional;
d) El inciso 1 del artículo 4º de la Ley Nº 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.
¿De qué se tratan? Arranquemos por la primera, que es esencial y núcleo de las políticas educativas del siglo XXI: el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional (aprobada durante el primer kirchnerismo) sostiene que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Es cierto que casi ninguno de los últimos gobiernos cumplió la medida: un informe de la Universidad Di Tella explica que la inversión en educación solo alcanzó el 6% del PBI en 2015 (exclusivo para educación); y se cumplió en 2009 y 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología). Todos con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Pero ahora, con este presupuesto 2026, ya no será obligatorio que la educación alcance el 6% del PBI.
Sin financiamiento para ciencia
Lo mismo sucede con los 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La norma establece que el presupuesto destinado a la función Ciencia y Técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2032, como mínimo, una participación del uno por ciento (1%) del Producto Bruto Interno (PBI) de cada año.
Para 2025 debía ser el 0,52 del PBI y para 2026: 0,59. Será de un tercio, en el mejor de los casos.
Además también deroga el artículo 7º de la Ley de Financiamiento de Ciencia que establece una Garantía: “La asignación de recursos para la función Ciencia y Técnica del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior”. Eliminada esta cláusula pueden decidir recortar respecto al año anterior, sin que los alcance una ley.
Sin Fondo Nacional para Escuelas Técnicas
“Mientras analizan el ‘tono’ y otras yerbas, el presupuesto enviado ELIMINA: – el 6% del PIB para educación. – la inversión progresiva en Ciencia hasta llegar al 1% del PIB. – el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas. – la inversión progresiva en Defensa nacional (FONDEF)”. Quien lo alertó fue el jefe de bloque del ahora llamado Fuerza Patria en Diputados, Germán Martínez.
El artículo 52 de la Ley de Escuelas Técnicas (que deroga el Proyecto de presupuesto 2026 de LLA) crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional “que será financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al CERO COMA DOS POR CIENTO (0,2%) del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional, que se computarán en forma adicional a los recursos que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene asignados a otros programas de inversión en escuelas”.
Paro de pilotos
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) confirmó la realización de asambleas en el Aeroparque Jorge Newbery durante dos jornadas de octubre, una de ellas en la previa al fin de semana largo. La medida, impulsada por el estancamiento en las negociaciones salariales con Aerolíneas Argentinas y otros reclamos laborales, podría provocar demoras y cancelaciones en los vuelos.
Según informó el sindicato, las reuniones se llevarán a cabo el miércoles 9 de octubre, entre las 16 y las 20, y el viernes 24 de octubre, de 6 a 10 de la mañana. En ambos casos, las actividades se desarrollarán dentro del propio aeropuerto, en pleno horario laboral, lo que impactará directamente en la operación de vuelos.
“Durante estas asambleas se producirán demoras y posibles cancelaciones”, advirtió APLA en un comunicado oficial. El gremio responsabilizó a Aerolíneas Argentinas por la situación y denunció “una demora intencionada” en las negociaciones paritarias. “En un contexto de atraso salarial, esta actitud representa una nueva provocación de la empresa”, sostuvieron.
Además de la cuestión salarial, APLA denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo de trabajo y expresó su preocupación por el proceso de desregulación del mercado aerocomercial, impulsado por el Gobierno, al que consideran una amenaza directa para las condiciones laborales de los pilotos.
“El deterioro progresivo de las relaciones laborales nos obliga a tomar medidas directas”, señalaron desde el sindicato, y advirtieron: “Hacemos responsable a la empresa de cualquier inconveniente que pueda afectar la operación”.
Aunque las asambleas no representan un paro total, el impacto operativo podría ser considerable, especialmente durante las horas pico de despegues y arribos. Aeroparque concentra la mayor cantidad de vuelos de cabotaje del país, por lo que cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos nacionales.
Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas no emitió declaraciones públicas sobre el conflicto ni sobre el estado de las negociaciones salariales.
Los pasajeros con vuelos programados para las fechas y horarios mencionados deberán consultar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, ya que podrían producirse reprogramaciones o demoras. Las aerolíneas actualizarán la información a través de sus canales oficiales.
En el Parque Industrial Pilar van 1000 despidos
La semana arrancó mal para los trabajadores de Magnera. En la mañana los gerentes le dijeron que interrumpan la producción y se retiren. Luego llegaron las declaraciones de Curt Begle, CEO de la empresa: “Esta decisión no se tomó a la ligera. Refleja nuestro compromiso de construir una organización más eficiente, receptiva y sostenible, mejor posicionada para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y del mercado”.
Magnera es una multinacional norteamericana dedica a la producción de materiales no tejidos y films. Provee insumos para fábricas de pañales y toallitas higiénicas, como las otras multinacionales P&G y Kimberly Clark. Tiene una facturación millonaria, pero en el último balance “incumplió las expectativas de ganancias”.
Ha decidido concentrar sus negocios en otros países y no está muy convencido de los anuncios de “todo marcha de acuerdo al plan” de Milei y Trump.
Entre los despedidos el lunes y los del invierno, ya suman 140. La empresa dice que “pagará las indemnizaciones”. En muchos casos se trata de trabajadores y trabajadoras con antigüedad.
Es lo mismo que se preguntan otros obreros del Parque Industrial Pilar. En los últimos meses vimos los cierres y despidos en ILVA, Kimberly-Clark y Kenvue. Estamos hablando de más de 1.000 puestos de trabajo industriales.
Pero los ataques empresarios no quedaron en la nada. Al menos en ILVA, hay un conflicto que ya lleva más de un mes, con un acampe y acciones en el Parque Industrial, la Municipalidad y el centro porteño.
Sin embargo, los patrones ceramistas insisten con el lock out, incluso buscando contratar personal precarizado para quebrar la huelga y precarizar los sectores que mantenga de la fábrica. Pero la resistencia sigue.
En el caso de Kimberley el sindicato papelero montó un acampe por las indemnizaciones pero no ha impulsado un conflicto serio.
Es que, más allá de las diferencias entre sindicatos, la política de la CGT es no enfrentar el ajuste. Ya no hablamos del ataque de Milei, que destruye los salarios y condiciones de vida. Sino de los industriales de distintos sectores.
¿Qué pasaría si los sindicatos que tienen representación en el Parque Industrial Pilar, el más grande del país, convocaran acciones conjuntas? Mínimamente asambleas comunes. ¿Para qué? Para que decidan los trabajadores y trabajadoras cómo defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones también, porque como demuestra ILVA algunos quieren “zafar” de la recesión con precarización.
Mientras faltan pañales para las infancias o el PAMI (o se los afanan con negociados), mientras hay problemas de vivienda o de hambre, los patrones cierran fábricas y dejan gente en la calle solo porque no están ganando lo suficiente. ¿No es irracional? ¿Quién dijo que es “justo” eso?
El gobernador Kicillof revolea un escudo con el que promete proteger “el trabajo, el salario, la producción”, pero no para una. Más bien deja pasar todas, buscando que los empresarios “no se asusten” con su proyecto político.
El camino que propone la CGT y el peronismo es agachar la cabeza y hacer “un nuevo sacrificio”. Dicen que “no queda otra”. Aguantar hasta 2027 y “votar mejor”. Como si millones de trabajadores no le hubiera dado la espalda a los Scioli, los Alberto Fernández, los Massa, que venían a “recuperar lo perdido”.
Hay otro camino. Es el que muestran los luchadores ceramistas en ILVA. Los despedidos de Georgalos que lograron la reincorporación y siguen peleando contra las maniobras de la empresa. El triunfo de la oposición en la Alimentación en las grandes fábricas de Zona norte. O el reciente conflicto de Bed Time.
La izquierda y las agrupaciones clasistas tienen una salida contra el “industricidio”.
1. Prohibición de despidos y defensa del salario: que nadie gane menos que la canasta familiar (2 millones de pesos).
2. Reducción de la jornada laboral y reparto de horas (para trabajar todos con derechos).
3. Apertura al público de los balances de los grupos empresarios (no les creemos a los empresarios).
4. Ocupación de toda empresa que cierre o despida masivamente (y las ponemos al servicio de la comunidad).
5. Plan de obras públicas y producción para satisfacer las necesidades populares.
6. Ninguna reforma laboral: no vamos a aceptar más precarización.
Exigen a Georgalos que cumpla con la Justicia y reincorpore a los despedidos
El viernes 3 de octubre desde las 5:30, se llevó adelante un acto en la puerta de la planta de Georgalos, en Uruguay y Acceso Tigre (San Fernando), contra los despidos y en reclamo de que la empresa cumpla con los fallos judiciales que ordenan la reincorporación de cuatro trabajadores.
El acto reunió a las y los despedidos que cuentan con resoluciones firmes para regresar a sus puestos, junto a delegaciones sindicales, políticas, estudiantiles y de organismos de derechos humanos que se acercaron para respaldar el reclamo.
Estuvieron presentes Christian Castillo y Nestor Pitrola, diputados nacionales por el FITU, sindicatos como AGD UBA, SUTEBA Tigre y de Trabajadores Municipales de Vicente López, trabajadores de Secco, Madygraf, agrupaciones como la Bordó y Gris del SUTNA, Bordó del STIA, el No Pasarán y En Clave Roja, así como también partidos como Izquierda Socialista, el Partido Obrero, MST y el PTS. También participaron despedidos de Volkswagen, Pilkington y Shell en lucha por su reincorporación y los abogados del CeProDH que apoyan y asesoran a los compañeros despedidos.
El acto se realizó un día después de que Alejandro Martínez —trabajador despedido y con un fallo favorable— pudiera finalmente ingresar a la planta tras semanas de maniobras dilatorias de la empresa. Su reincorporación fue celebrada como un paso importante, aunque persiste el conflicto por la negativa de Georgalos a reinstalar a los demás trabajadores con fallos de cumplimiento efectivo.
“Hoy demostramos que no estamos solos y que vamos a seguir hasta que cada compañero y compañera vuelva a su puesto”, señalaron los trabajadores durante la actividad.
Desde los compañeros reincorporados advirtieron que, si la empresa mantiene su postura de desconocer las resoluciones judiciales, se avanzará en nuevas medidas de lucha para garantizar el respeto a los derechos laborales y gremiales.
Vassalli: Un pacto para sobrevivir
La empresa de maquinaria agrícola Vassalli llegó a un acuerdo con sus 288 operarios representados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) luego de casi cuatro meses de conflicto laboral por sueldos impagos y deudas en concepto de aportes sindicales. El entendimiento entre las partes, que fue rubricado ante el ministerio de Trabajo de Santa Fe, dispone la reducción de la jornada laboral de 8 a 4 horas durante los próximos seis meses, en los cuales los trabajadores percibirán la mitad de sus ingresos. Además, la firma que está en manos desde hace un año y medio de un empresario avícola entrerriano se comprometió a saldar los sueldos caídos en el mismo plazo. “Lamentablemente, los trabajadores siempre somos socios en las desgracias”, dijo el titular del gremio, Diego Romero, mientras que el abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, destacó que “lo más importante de todo es que el lunes la empresa va a estar abierta, que es lo que queríamos todos, con los 280 trabajadores adentro”.
El entendimiento entre las partes quedó rubricado en un acta del ministerio de Trabajo, que a petición del gremio enviará un veedor a la planta fabril de Firmat por los próximos seis meses, como garante del acuerdo alcanzado. La decisión de aceptar la continuidad en las condiciones establecidas estuvo en cabeza de la asamblea de trabajadores, que la aprobó por unanimidad.
“El lunes 6 los trabajadores se presentarían en su totalidad a trabajar, que era el mandato que nos dio la asamblea, que sí o sí querían que entren todos”, dijo Romero tras la firma del acuerdo. “Cabe recordar que la propuesta de la empresa era que entraran solamente 56 y así escalonado hasta el año que viene. Los trabajadores como mandato nos dieron que sí o sí entraban todos o no entraba ninguno, así que pudimos lograr y consensuar con la empresa de que el día lunes se presenten los 280 a trabajar”.
El dirigente sindical también puntualizó que el acuerdo contempla que regresen a sus tareas los cuatro delegados que habían sido cesanteados con un “intento de desafuero, que tampoco fueron desafueros, porque estaban mal hechos”. La decisión trae alivio a la comunidad de la localidad del sur de Santa Fe, que respira junto a la fábrica fundada por Roque Vassalli.
En cuanto a las particularidades del entendimiento, Romero explicó que “las condiciones y el acuerdo son que los trabajadores van a ingresar con la jornada reducida de 4 horas, que es lo que la empresa estaba pidiendo, sólo que la empresa pedía 8 meses y nosotros lo recortamos en 6 meses”.
El abogado Cerra explicó que “como en todos los conflictos colectivos, a veces se hace de la norma un chicle para poder encontrar la solución. La realidad es que los trabajadores han resignado muchos derechos para poder acceder a esta situación, en función de lo que la empresa manifestaba que no podía hacerlo de otra manera. El gremio ponderó fundamentalmente la conservación de los puestos de trabajo”.
El representante legal de la UOM señaló que “en el aspecto salarial, el tema del pago de la deuda va a ser en seis meses. Dentro de estos seis meses, con un pago mínimo de 500.000 pesos para cada uno de los trabajadores, y que eso se puede ir achicando en función de la salida de maquinaria, donde justamente la veeduría del Ministerio va a chequear esas situaciones para poder ir adelantando el tema del pago de la deuda”.
El metalúrgico Romero, por su parte, añadió que “la empresa proponía pagar la deuda salarial atrasada en cómodas cuotas, a partir de abril del año que viene”. Sin embargo, en la negociación “hemos logrado que se empiece a pagar ahora en lo inmediato en 6 cuotas, que los trabajadores el día lunes cuando entran a trabajar ya tienen que tener 500.000 pesos como adelanto de la primera”.
Denuncian la represión de Milei y los procesamientos a dirigentes sindicales
El martes 30 de septiembre, se realizó la Audiencia/Jornada Debate: «Sociedad, Sindicalismo y Democracia. La Represión Estatal y la Criminalización de la Protesta en Argentina.», a las 16:00, en el Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), ubicado en Rivadavia 1841.
La apertura y el cierre de la actividad estuvo a cargo del Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quienes fueron acompañados por diputadas y diputados de distintos bloques.
En ese marco, estuvieron presentes compañeras y compañeros procesados por diversas causas vinculadas a su participación en protestas sociales: Mónica Gurina, Secretaria General de la CTA Autónoma de Misiones; Leandro Sánchez, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Misiones; Federico Giuliani, Secretario General de la CTA Autónoma de Córdoba; Hugo Aranea, Secretario General de la CTA Autónoma de Viedma, Río Negro; y Daniela Calarco Arredondo, detenida el 12 de junio durante las protestas contra la Ley Bases, en una causa que ya fue elevada a juicio.
Asimismo, se presentó un informe sobre la brutal represión sufrida por Pablo Grillo, y la protección posterior otorgada al gendarme que le disparó, Héctor Guerrero.
Además, Jimena Frankel, representante del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, presentó un informe sobre el registro de represiones llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei. Según este relevamiento, hasta la fecha se registraron 88 represiones a protestas sociales, en las que resultaron heridas 2.534 personas. Entre las víctimas, se destaca el asesinato de Fernando Gómez en la provincia de Salta, la gravedad de las heridas sufridas por Pablo Grillo, y cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos.
También se contabilizan 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales. Otro dato relevante es la detención de 461 personas por participar en manifestaciones o por formar parte de organizaciones populares, así como la apertura de 236 causas penales bajo la misma lógica represiva.
Crueldad
Andrea Villegas, durante más de dos décadas trabajó en el ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello hasta que unos meses atrás fue despedida, aún a pesar de que se encuentra embarazada. “Fue un baldazo de agua fría”, dice.
Ni bien comienza la entrevista con Víctor Hugo Morales, Villegas interrumpió y pidió permiso para contar su historia. Con un tono de voz casi quebrado, contó: “Hace 25 años trabajo en el ministerio. Ingresé en la ANDIS, estuve 17 años”.
Y continuó: “Vengo de la vieja escuela, hice capacitaciones, estudio, trabajo con profesionalidad. No tengo sumario administrativo. Tampoco inasistencias. Mis vacaciones eran tomadas para hacer trámites personales. Mi legajo es intachable”.
Sin embargo, a comienzos del año llegó el bombazo: “El 28 de febrero recibí un mail, y mis otros 800 compañeros también, sin remitente, donde nos decían que pasábamos a disponibilidad. Fue como un balde de agua fría”.
En realidad el pase a disponibilidad era un “despido encubierto”, explicó. “Porque no tuvimos la posibilidad de reubicarnos en otro organismo, aunque por nuestro perfil podríamos haberlo hecho. Muchos tuvimos entrevistas, pero los expedientes llegaron hasta modernización, pero la orden era que ningún expediente avanzara”, sostuvo.
Luego, finalizó: “Además, como lo mencionan, es un derecho adquirido. Nosotros hicimos un concurso. Tuve un examen escrito, después por una mesa examinadora y una entrevista personal. Mi nota fue destacada. Y a pesar de no encontrarme trabajando, me sigo capacitando. Porque esa siempre fue mi bandera”.
Acindar paralizó su planta de Villa Constitución
La situación de la planta de Acindar Villa Constitución, provincia de Santa Fe, vuelve a generar incertidumbre. La patronal anunció un nuevo parate y se reactivó el acuerdo de suspensiones de personal que mantiene con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y que tiene vigencia hasta fin de año.
“Para prácticamente toda la fábrica por una o dos semanas por falta de demanda”, anticiparon fuentes internas. Se trata de un paso más en un proceso de degradación de la producción que empieza a preocupar por el futuro de las fuentes laborales.
La determinación impacta en prácticamente la totalidad del plantel de siderúrgicos: “Casi el 90% de la gente será suspendida y seguramente así serán los fines de mes en adelante”, explicaron. Son unos 900 trabajadores encuadrados en la UOM y otros tantos contratistas, esto es, precarizados.
Los suspendidos cobrarán entre el 75 y el 80 % de sus sueldos, como parte de un acuerdo que está vigente entre el gremio metalúrgico y la empresa.
Desde la UOM de Villa Constitución señalaron que el acuerdo de suspensiones firmado en marzo de 2024 ahora se está utilizando porque “no hay producción” y la actividad viene en “caída libre” por la ausencia de obra pública y el freno de la economía.
El gremio explicó que se busca mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo, reubicando a los 300 operarios afectados por el cierre del tren laminador número 2, de los cuales 60 están en condición de suspendidos. También confirmaron que se ofrecen retiros voluntarios en ese sector.
Aunque desde la empresa afirman que se trabaja en la búsqueda de nuevos mercados para exportar y en la preparación de la planta para una eventual reactivación, el sindicato admitió que, pese a que en octubre podría reanudarse la producción de una línea en cuatro turnos, no se espera una recuperación a corto plazo.
La situación refleja la crisis que atraviesa la industria siderúrgica, afectada por la feroz recesión que castiga al mercado interno por las medidas recesivas del gobierno nacional de ultraderecha de Javier Milei, agravada por la paralización de la obra pública y la apertura de importaciones más baratas de países como China y Brasil.
Gracias a las medidas de “desregulación” -esto es, de destrucción de la industria argentina- dispuestas por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, ingresan al país acero, aluminio y materiales de construcción a precios más bajos que los nacionales.
Los datos muestran un retroceso sostenido. En 2024, Acindar produjo apenas 600.000 toneladas de acero, la mitad de lo alcanzado en 2023, cuando se superó el 1,2 millón de toneladas. “En un año normal, tirando a bajo, se producen alrededor de un millón”, admiten desde la propia compañía.
Trabajadores del Hospital Garrahan realizarán una caravana a Olivos para exigir la Emergencia Pediátrica
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó a toda la ciudadanía a participar de una caravana hacia la Quinta de Olivos para exigir la aplicación de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario. Aseguraron que estas leyes, aprobadas en el Congreso y ratificadas después de los vetos presidenciales, no se estaban implementando, y que los recortes afectan el funcionamiento del hospital y los salarios.
Abierta a toda la comunidad, la movilización se realizará el sábado 18 a las 14.30, con partida desde el Congreso de la Nación en autos, bicicletas o motos. Días atrás, en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, los trabajadores advirtieron: “Si hay maniobras para impedir la aplicación de las leyes, tenemos que convocar a una gran jornada con paro”, que estaría previsto realizar el martes 21 desde las 7:00.
La organización de trabajadores aseguró: “Porque plata hay, es problema de prioridades. Si el presidente y su Gobierno no nos escuchan, vamos a Olivos a la Quinta Presidencial y haremos ruido para que nos oigan. Si ganan el Garrahan, Discapacidad y Universidad, ganamos todos”. Además, Norma Lezana, nutricionista infantil y secretaria general de APyT, agregó que la gestión de Javier Milei mantiene los salarios congelados, recorta programas y retiene fondos de los trabajadores en un fondo financiero, calificando la situación de provocación.
Al mismo tiempo, destacó que “El Garrahan sigue funcionando gracias al esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores, y no por los funcionarios que manipulan información en plena campaña política. Pedimos seriedad y respeto: el hospital no es una plataforma electoral ni un espacio propagandístico. Es la casa de miles de niñas, niños y adolescentes de todo el país y sus familias, que merecen inversión real, un Estado presente y salarios dignos”.
De manera paralela, recordó que las manifestaciones que llevan adelante desde hace casi 20 meses mantienen un fuerte respaldo de la ciudadanía, sumando apoyo de sectores como universitarios y científicos. “Venimos de varias jornadas que mostraron en las calles cuál es el mandato social: que el Garrahan y la Universidad Pública no se vetan, se abrazan, se cuidan y se financian. Exigimos que se apliquen las leyes en los términos aprobados”, concluyó.
Algunas de las medidas previstas son:
Martes 14 a las 17 horas: reunión de coordinación entre Garrahan, Universidad y Discapacidad en la sede central de la Asociación Gremial Docente de la UBA.
Miércoles 15 a las 13 horas: ruidazo frente a la Dirección del Hospital Garrahan.
Martes 21 desde las 7 horas: paro general en el Garrahan, día que vence el plazo para la implementación de la ley de Emergencia Pediátrica.
Luego, el secretario general de la Junta Interna de ATE en el hospital, Alejandro Lipcovich, advirtió: “Sabemos que el gobierno intentará el mismo camino inconstitucional que respecto a discapacidad, violentando el mandato incontrovertible de implementar la ley. La excusa de que ‘no hay plata’ es inaceptable, no solo porque la ley establece de dónde utilizar fondos, sino porque el gobierno dilapida recursos públicos en otras prioridades”.
Agregó que, además de las acciones de lucha propias y presentaciones legales, se realizará una coordinación con trabajadores de la universidad (sindicato AGD-UBA) y del movimiento de discapacidad: “El reclamo por la implementación de las tres leyes nos encontrará juntos en las calles”.
De hecho, el Delegado de Junta Interna ATE Garrahan, Gerardo Oroz, destacó las conquistas salariales obtenidas luego de la lucha: “El bono de $350.000 y $450.000 será permanente, según anunciaron el gobierno y las autoridades del Garrahan. Rompimos el techo paritario con huelgas, asambleas y movilizaciones. La recomposición de los salarios a los niveles de noviembre de 2023 es un mandato legal. Si el gobierno se rebela ante una ley que beneficia a los trabajadores, tenemos fuerza para redoblar la lucha y ponerlo contra las cuerdas”.
También criticó la gestión del hospital: “Los directivos nombrados por Milei protagonizan escándalos y derrochan recursos, mientras persisten problemas estructurales como goteras. Es criminal que las centrales sindicales no convoquen a medidas generales para avanzar en los reclamos urgentes de la clase trabajadora”.
Tierra del Fuego: Mirgor, BGH y NewSan presentaron un plan que arriesga el 50% de los puestos de trabajo
La Cámara electrónica (AFARTE) y la Unión Industrial Fueguina presentaron un plan en el cual proponen a la Secretaría de Industria de Nación bajar el porcentaje de “ensamble” y podría generar miles de despidos. Además se acompaña con notas de adhesión de empresas como Mirgor, Radio Victoria, Electrofueguina, BGH, Newsan, Solnik y Sontec.
La UOM Río Grande lo rechazó y se puso en alerta.
La propuesta es bajar el nivel de despiece del 70% al 30%. El plan afectaría sobre todo al sector de celulares. Hoy el 95% de la producción nacional se realiza en la provincia. Algunos estiman que están en riesgos el 50% de los puestos en esa rama.
En una nota dirigida a la Comisión del Área Aduanera Especial para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la UOM de Río Grande expresó su “total rechazo al Proceso Productivo de Celulares recientemente presentado por las Cámaras AFARTE y UIF”. “Rechazamos todo intento de avanzar con el proyecto presentado hasta tanto se haya definido, como corresponde y en el marco de la Mesa de Diálogo, la continuidad laboral de todos los trabajadores del sector metalúrgico en la provincia”, dice el comunicado.
Desde el gremio señalan que la decisión de rechazar el plan y defender la industria fueguina y los puestos de trabajo se mantiene firme. El comunicado termina con un llamado a las autoridades y al sector empresarial: “frenar el tratamiento del proyecto hasta garantizar plenamente la estabilidad laboral de quienes sostienen día a día la industria en Tierra del Fuego”.
Recordemos que ante las medidas de Milei, que iban en el mismo sentido de afectar la producción regional y a sus trabajadores, hubo una histórica huelga en mayo. Allí quedó claro que no solo la UOM y 10.000 metalúrgicos y metalúrgicas, sino todo el pueblo fueguino defiende los puestos de trabajo, los derechos y la soberanía.
Desde ese momento rige una “paz social” que los empresarios no cumplen totalmente, mientras consiguen favores del gobierno. Desde el gremio se convocó una medida el 6 de agosto pasado, pero la finalización del acuerdo mete tensión en las empresas.
Fuentes: El Destape, Perfil, Diario BAE, Página/12, Comunicación CTA Autónoma, Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino.
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