En Argentina se encuentran autorizados 167 principios activos agrícolas que están prohibidos o desestimados en otras partes del mundo, de los cuales 35 encajan en la categoría de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO. El volumen de aplicación de estos compuestos en el territorio nacional alcanza los 580 millones de litros anuales. Entre las firmas que comercializan estos insumos en el mercado local destacan corporaciones multinacionales como Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor.
La utilización de agroquímicos se incrementó un 1.657 por ciento entre 1990 y 2022, al pasar de un consumo inicial de 35 millones a 580 millones de kilos o litros. Esta suba superó con creces el propio ritmo de crecimiento de la frontera agraria. Durante ese mismo lapso de tres décadas, el área destinada a oleaginosas y cereales avanzó un 117 por ciento al llegar a 41.182.000 hectáreas en 2023, en tanto que el volumen cosechado subió un 269 por ciento hasta las 140.893.000 toneladas.
El despliegue de estas sustancias abarca tanto las grandes extensiones de granos como las producciones regionales, entre ellas la horticultura y el tabaco. En relación con este fenómeno, un relevamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) precisó que “la Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios”.
El impacto sanitario y ambiental se agrava por la cercanía de las pulverizaciones a las zonas urbanas, lo que suele derivar en conflictos vecinales y demandas judiciales. En estos escenarios se repite la presencia de herbicidas e insecticidas de amplio uso como el glifosato, el 2,4-D, la atrazina, el paraquat y la cipermetrina. Asimismo, la adaptación de malezas resistentes ha empujado a los productores a rotar o combinar productos más agresivos.
Un análisis comparativo frente a los estándares de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN) reveló que, de los 430 activos habilitados en el país, 139 integran su nómina internacional de máxima peligrosidad, cifra superior a los 126 registrados en 2021. De ese total de sustancias críticas, 13 poseen una toxicidad aguda severa de acción inmediata y 31 son potencialmente letales por inhalación. Esta última condición resulta especialmente alarmante en labores que demandan manipulación o pulverización manual con mochilas.
En cuanto a las secuelas crónicas, 33 de estos químicos son considerados probables cancerígenos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y dos llevan esa misma catalogación por parte del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) de la OMS. Además, 26 activos afectan la reproducción humana y 13 están identificados como disruptores endocrinos según normas de la Unión Europea. En el ámbito ecológico, 42 de estos plaguicidas autorizados presentan una toxicidad letal directa para las abejas.
