Un informe elaborado por el especialista Javier Souza Casadinho reveló que en la Argentina se encuentran autorizados 167 principios activos agrícolas que están prohibidos o no tienen permiso de uso en el exterior. Del total de estos compuestos, 35 entran en la categoría de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP), de acuerdo con las pautas fijadas de manera conjunta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El mercado local de estos insumos está dominado por corporaciones internacionales y nacionales como Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor. A nivel nacional se vuelcan anualmente unos 580 millones de litros de formulaciones químicas destinadas a la protección de cultivos, una cifra que refleja la profunda transformación del modelo agropecuario durante las últimas décadas.
El ritmo de aplicación de estos productos creció a una velocidad sustancialmente mayor que la superficie sembrada. Entre 1990 y 2022, el volumen de agroquímicos administrado en el campo saltó de 35 millones a 580 millones de kilos o litros, lo que representa una suba del 1.657 por ciento. En ese mismo período, la superficie dedicada a cereales y oleaginosas aumentó un 117 por ciento al pasar de 19 millones a 41.182.000 hectáreas, mientras que la cosecha total creció un 269 por ciento, tras elevarse de 38.200.000 a 140.893.000 toneladas.
Sobre la magnitud de este despliegue productivo, un reporte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) describió que “la Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios”.
La presencia de estas sustancias también se incrementó en los registros oficiales. Al comparar el listado local con el relevamiento de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), se detectó que 139 de los 430 ingredientes activos permitidos en el país son considerados altamente peligrosos. Esta proporción creció respecto a 2021, momento en que representaban 126 de los 433 principios autorizados.
La reiteración en las aplicaciones ha generado tolerancia biológica en las malezas, provocando que el glifosato empiece a ser sustituido o complementado por opciones como metribuzim, 2,4-D y paraquat. En producciones intensivas y hortícolas es común el uso de insecticidas como metomil, dimetoato y carbaril, mientras que en cultivos extensivos prevalecen la cipermetrina, el imidacloprid y la lambdacialotrina.
Las consecuencias de estos compuestos sobre el organismo humano abarcan efectos inmediatos y daños prolongados. De los 139 productos listados como altamente peligrosos, el nueve por ciento muestra una toxicidad aguda severa y 31 formulaciones resultan letales al inhalarse, una situación agravada por la aplicación manual con mochilas pulverizadoras.
En cuanto a los riesgos crónicos, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) considera que 33 de los plaguicidas avalados en el territorio argentino son posibles cancerígenos en seres humanos, en tanto que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica a dos en esa categoría. Además, 26 de estos químicos presentan toxicidad comprobada sobre el sistema reproductivo —entre ellos el benomil, el carbendazim y el glufosinato de amonio— y otros 13 actúan como perturbadores endocrinos según las autoridades sanitarias europeas.
El impacto sobre el ecosistema también muestra registros alarmantes, especialmente en la apicultura. La clasificación ambiental detalla que 42 de los componentes altamente peligrosos en circulación presentan una elevada letalidad para las abejas, situación asociada a reiteradas quejas y demandas de productores de diversas provincias argentinas debido a pérdidas masivas en sus colmenas.
