Un relevamiento técnico advirtió que el mercado agrícola argentino mantiene habilitados 167 principios activos fitosanitarios que se encuentran vetados o desautorizados en el exterior. De esa nómina, 35 integran la categoría de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP) definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El abastecimiento y comercialización de estos productos corresponde principalmente a compañías como Syngenta, Bayer, Adama, Corteva y Atanor, en un contexto donde el campo absorbe 580 millones de litros de formulaciones agroquímicas cada año.
El ritmo de utilización de estos compuestos superó con amplitud la evolución del área sembrada en las últimas décadas. Entre los años 1990 y 2022, el consumo global de plaguicidas registró un salto del 1.657 por ciento al pasar de 35 millones a 580 millones de kilos o litros. Durante ese mismo ciclo histórico, la superficie dedicada a granos y oleaginosas creció un 117 por ciento (de 19.000.000 a 41.182.000 hectáreas), mientras que el volumen cosechado subió un 269 por ciento, pasando de 38.200.000 a 140.893.000 toneladas.
La aplicación de estas sustancias no distingue regiones ni matrices productivas, extendiéndose por la pampa húmeda y alcanzando actividades como el cultivo de tabaco o la horticultura. En relación con este despliegue territorial, un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) remarcó: “la Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios”.
Al contrastar los registros oficiales locales con las pautas de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), se detecta que 139 de los 430 principios activos admitidos a nivel nacional forman parte de su nómina de sustancias críticas. Dicho número representa un avance respecto al año 2021, momento en que 126 de las 433 sustancias autorizadas (el 29 por ciento) figuraban en el listado de PAN. La reiterada utilización de fórmulas clásicas como el glifosato derivó en la resistencia de malezas, forzando su reemplazo por variantes como el paraquat, el 2,4-D o el metribuzim.
El perfil toxicológico de los químicos habilitados presenta severas amenazas para la población cercana a los lotes y los trabajadores rurales. Dentro de los 139 plaguicidas señalados por PAN, 13 poseen una toxicidad aguda de rápida manifestación y 31 resultan letales en caso de inhalación. Asimismo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) cataloga a 33 de ellos como probables cancerígenos en seres humanos, en tanto que la Unión Europea clasifica a trece como perturbadores del sistema hormonal y otros 26 demuestran capacidad para perjudicar la reproducción humana, tales como el benomil, el carbendazim, el linurón y el glufosinato de amonio.
Las secuelas del paquete químico también recaen de forma directa sobre el ecosistema. De acuerdo con las mediciones de la EPA, un 30 por ciento de los agroquímicos peligrosos usados en el país —42 productos en total— exhibe una letalidad crítica hacia las poblaciones de abejas en dosis superiores a dos microgramos por insecto. Esta circunstancia guarda una correlación directa con las denuncias reiteradas de apicultores de diversas provincias que sufren la pérdida masiva de sus colmenas.
