En el sector agropecuario argentino se encuentran habilitados 167 plaguicidas que carecen de autorización o están expresamente prohibidos en otros territorios del mundo. De ese total, 35 sustancias entran en la categoría de Plaguicidas Altamente Peligrosos fijada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El mercado local, donde anualmente se vierten cerca de 580 millones de litros o kilos de insumos químicos, tiene como principales proveedoras a compañías como Bayer, Syngenta, Corteva, Adama y Atanor.
El consumo de estos productos experimentó una suba exponencial del 1.657 por ciento entre 1990 y 2022, al trepar de 35 millones a 580 millones de litros o kilos. Dicha evolución superó ampliamente el ritmo de expansión productiva y de superficie sembrada de cereales y oleaginosas durante ese ciclo. Entre 1990 y 2023, la cantidad de hectáreas destinadas a estos cultivos pasó de 19 millones a 41.182.000 (un alza del 117 por ciento), mientras que el volumen cosechado subió un 269 por ciento, al registrar un cambio de 38,2 millones a 140.893.000 toneladas.
El despliegue de agroquímicos incide tanto en los planteos extensivos tradicionales de granos como en economías regionales dedicadas al tabaco, la fruticultura y las verduras. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advierte que “la Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de productos fitosanitarios, los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros productos fitosanitarios”.
De acuerdo con los parámetros de la Red Internacional de Acción en Plaguicidas (PAN), 139 de los 430 principios activos habilitados a nivel nacional integran su lista de sustancias sumamente peligrosas. Este registro refleja un incremento frente a las cifras de 2021, cuando eran 126 de un padrón de 433. El uso recurrente en las adyacencias de centros urbanos ha derivado en reclamos vecinales y causas judiciales vinculadas a formulaciones masivas como el glifosato, la atrazina, el paraquat, la cipermetrina y el 2,4-D.
En el aspecto sanitario, 13 de estos compuestos altamente peligrosos con aval estatal generan intoxicaciones agudas inmediatas y 31 resultan letales en caso de ser inhalados, riesgo potenciado cuando la pulverización se efectúa de modo manual con mochilas. Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos considera que 33 de estos químicos son probables cancerígenos, mientras que dos son catalogados de igual forma por el área especializada de la OMS. Asimismo, la regulación europea identifica 13 perturbadores endocrinos en la lista argentina y se contabilizan 26 principios activos tóxicos para la reproducción, entre los que figuran el carbendazim, el benomil y el glufosinato de amonio.
La reiterada aplicación de las mismas fórmulas aceleró la resistencia biológica de las malezas, provocando que el glifosato sea sustituido gradualmente por sustancias como metribuzim o paraquat. El impacto ambiental alcanza también a la fauna polinizadora: 42 de los componentes utilizados en el país son letales para las abejas en dosis reducidas, situación que coincide con reiteradas advertencias formuladas por productores apícolas debido a episodios de mortandad masiva en colmenas. Diversos factores como la baja arancelaria a principios activos, el abaratamiento de insumos con patentes vencidas y las exigencias comerciales de aspecto en frutas y hortalizas continúan sosteniendo este esquema de aplicación.
