El ejercicio de la docencia en las zonas rurales argentinas implica enfrentar a diario caminos intransitables, carencias edilicias y prolongados traslados cubiertos con fondos personales. Las historias de educadores en Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy reflejan el compromiso por sostener las clases en parajes alejados, en un contexto atravesado por la precariedad de la infraestructura y el constante reclamo por mayor seguridad laboral.
En el norte santafesino, Leila Díaz cumple suplencias en establecimientos aislados del departamento 9 de Julio. Durante su primera experiencia, situada a 44 kilómetros de Tostado, el vehículo en el que se trasladaba junto a la cocinera quedó atascado por el barro, lo que las forzó a caminar varios kilómetros cargadas con mercadería y materiales. Díaz pernocta de lunes a viernes en el edificio escolar junto al resto del personal, en un esquema donde el cobro de los reemplazos demora hasta dos meses y los viajes grupales resultan indispensables para mitigar riesgos viales similares a la tragedia vial de 2013, en la que murieron siete maestras de la zona.
La vulnerabilidad en los traslados y el aislamiento reviven además la memoria de crímenes contra educadoras. El reciente femicidio de Nancy Godoy, quien ejercía como directora suplente en el Paraje El Malezal de Corrientes tras denunciar el abandono institucional del establecimiento, generó profunda conmoción en el sector. Este hecho remite al asesinato de Daniela Spárvoli en mayo de 2003, ocurrido en Santa Fe mientras la docente hacía dedo en la ruta hacia la localidad de Villa Eloísa para dar clases, un episodio que expuso la falta de políticas públicas de movilidad.
En Entre Ríos, Sandra Aguilar viaja semanalmente desde Gualeguay para enseñar arte en las escuelas secundarias rurales N° 6, N° 40 y N° 55. La profesora advierte que costea la mayor parte del transporte y que la Ruta Provincial 11 presenta graves deterioros y falta de señalización, a lo que se suma el reclamo por las fumigaciones agrícolas cercanas a las escuelas. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), casi el 76 por ciento del profesorado del país carece de sumas salariales destinadas a cubrir los viáticos cotidianos.
Las deficiencias edilicias constituyen otro obstáculo habitual en la enseñanza de campo. La Escuela N° 40 donde se desempeña Aguilar sufrió un incendio en 2021 y, a la espera de la reconstrucción definitiva, funciona en contenedores que sufren temperaturas extremas según la estación del año. Pese a financiar de su propio bolsillo los insumos de trabajo, la docente, quien también ejerce como secretaria gremial de Agmer en Gualeguay, destaca el valor social y afectivo que las familias rurales le otorgan al espacio escolar.
En el extremo norte, a 45 kilómetros de La Quiaca, Adolfo Mamaní enseña en la Escuela N° 80 Vicente López y Planes de Cangrejillos. La institución, ubicada a 35 kilómetros de la frontera boliviana, experimentó una reducción sustancial de su alumnado con el paso de los años, pasando de dos centenares de estudiantes a 40. Para cumplir con sus tareas, el maestro reside de lunes a viernes en el pueblo y solventa su propio alquiler, mientras organiza actividades como huertas comunitarias para sostener la presencia y articulación de las familias locales.
