El ejercicio de la docencia en parajes rurales de la Argentina enfrenta a diario el aislamiento geográfico, caminos intransitables y la precariedad en el transporte, problemáticas acentuadas por la violencia que afecta a las trabajadoras de la educación. El reciente femicidio de la directora correntina Nancy Godoy volvió a evidenciar el peligro y la vulnerabilidad a los que están expuestas las maestras que viajan a lugares apartados, un reclamo que data de décadas.
En el norte de Santa Fe, Leila Díaz realiza reemplazos en establecimientos rurales situados a decenas de kilómetros de Tostado, la cabecera departamental donde reside. Durante su primer día de trabajo, quedó atascada en el barro junto a la cocinera escolar mientras transportaban agua, garrafas y provisiones para la semana, viéndose forzadas a caminar hasta una ruta en busca de auxilio. Pese a que en su provincia los reemplazos se abonan recién a los 60 días, Díaz destaca el valor de su labor: “Lo maravilloso fue cuando llegamos a la escuela, conectamos el wi-fi y mandé un mensaje al grupo de las familias para que sepan que iba a haber clases. A los dos o tres minutos empezaron a llegar todos los niños y las niñas. Ahí entendí lo importantes que somos”.
El impacto del asesinato de Godoy en Corrientes resonó con fuerza en la comunidad docente de todo el país. La educadora se desempeñaba en la Escuela N° 626 del Paraje El Malezal tras denunciar el abandono institucional del paraje; desapareció el 7 de octubre y fue encontrada sin vida el día 28 tras un ataque violento. El caso trajo a la memoria el femicidio de Daniela Spárvoli en mayo de 2003, ocurrido en el sur santafesino mientras hacía dedo para viajar a Villa Eloísa, hecho que desató masivas protestas gremiales por la falta de transporte seguro para los maestros.
Esta problemática de traslado es compartida a escala federal. Un relevamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) expuso que “casi el 76 por ciento de las docentes —a nivel federal— no cuenta con algún monto salarial que reconozca algún ítem vinculado al transporte o a la movilidad hacia la escuela”.
Desde la zona rural de Gualeguay, en Entre Ríos, la profesora de artes Sandra Aguilar utiliza su automóvil particular para impartir clases en las escuelas secundarias N° 40, N° 6 y N° 55. Aguilar, quien además es secretaria gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), denuncia constantemente las fumigaciones agrícolas sobre las instituciones y el deterioro de la Ruta Provincial 11. En la Escuela N° 40, que sufrió un incendio en 2021, la enseñanza se mantiene en contenedores metálicos donde las temperaturas extremas complican el dictado de clases.
En el extremo norte argentino, Adolfo Mamaní enseña en la Escuela N° 80 de Cangrejillos, un poblado jujeño ubicado a 45 kilómetros de La Quiaca y cercano a la frontera con Bolivia. Originario de San Salvador de Jujuy, recorre más de 300 kilómetros para llegar a la localidad y alquilar allí durante la semana junto a otros colegas, mientras el traslado de inicio y fin de semana corre por cuenta del Estado provincial.
El establecimiento enfrentó una fuerte merma de estudiantes por dinámicas socioeconómicas, pasando de albergar a 200 alumnos a sostener una matrícula de 40. Para superar la lejanía y coordinar con los hogares en un contexto de plurigrado, el docente recurre a proyectos como la huerta escolar, a la que define como un espacio integrador que “unifica a las familias con la escuela y a los niños les encanta”.
